El Poder Judicial ha concedido a la municipalidad de San Isidro dos medidas cautelares que suspenden la ejecución de un proyecto de vivienda social que ha causado malestar entre los vecinos de la zona, según informó la alcaldesa Nancy Vizurraga. Estas resoluciones fueron emitidas por el Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso-Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Las medidas cautelares incluyen una de carácter innovativo y otra de anotación de demanda, favoreciendo a la municipalidad en su lucha contra el proyecto inmobiliario Barlovento. Gracias a estas decisiones, se suspenden los efectos jurídicos relacionados con los procedimientos del proyecto, ubicado en la cuadra 4 de la avenida San Toribio, esquina con la calle Lizardo Alzamora, evitando así el inicio de la construcción hasta que se emita una sentencia definitiva.

Asimismo, el juzgado ha ordenado que se inscriba la demanda presentada por la municipalidad contra Barlovento Inmobiliarios S.A.C. en la Sunarp. Esto permitirá que los potenciales compradores tengan acceso a la información sobre la demanda a través de las partidas registrales, brindando mayor transparencia a la situación.

El proyecto en cuestión planea construir un edificio de 15 pisos, lo cual va en contra de las normativas que solo permiten una altura máxima de siete pisos en esa área. Esto ha generado preocupación entre los residentes, que temen por el impacto que tendría en la «residencialidad» del distrito.

La alcaldesa Vizurraga expresó su satisfacción por esta decisión judicial, considerándola un precedente en la defensa de la calidad de vida de los vecinos de San Isidro. «Saludo esta importante decisión y la considero un avance en nuestra lucha por mantener el carácter residencial del distrito», afirmó.

Con estas medidas, la municipalidad reafirma su compromiso de proteger los intereses de la comunidad y de asegurar que los desarrollos urbanos se realicen conforme a las regulaciones vigentes.