Ante los beneficios limitados y heterogéneos que muestra la descentralización, en el documento “Descentralización y servicios públicos para la ciudadanía” se plantean propuestas para resolver sus problemas más críticos en los ámbitos institucional, fiscal y territorial. 

El proceso de descentralización en el Perú se inició hace casi dos décadas. Sin embargo, todavía se observan marcadas diferencias en los niveles de desarrollo y acceso a servicios básicos entre las regiones del país. 

Por ejemplo, mientras que en Ucayali y Loreto solo el 30% de hogares cuenta con acceso al paquete completo de servicio público de electricidad, agua y desagüe; en Moquegua y Tacna la cifra bordea el 85%. 

En un reciente episodio de #RutaPerú, Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE) junto a Carlos Gallardo, gerente de desarrollo nacional de IPAE Asociación Empresarial, analizaron las reformas que deben implementarse para mejorar el funcionamiento de la descentralización.  

Crisólogo señala que la falta de capacidades técnicas y la alta incidencia de actos de corrupción son los dos principales problemas que han limitado la efectividad de los gobiernos subnacionales para cerrar brechas de acceso a servicios públicos, pese a que han contado con más recursos. 

Así, una de las conclusiones es que los beneficios de la descentralización han sido limitados, heterogéneos y que pocas regiones y municipios han sabido aprovecharla. Por ello, en la #RutaPerú “Descentralización y servicios públicos para la ciudadanía”, se plantean propuestas estructurales para abordar sus problemas en los ámbitos institucional, fiscal, territorial, junto a otras acciones de política más inmediatas. 

Al respecto, Crisólogo apunta que en el ámbito institucional se deben asignar y definir de forma más clara las responsabilidades y roles entre los diferentes niveles de gobierno en la provisión de servicios, pues el Estado debe ser uno de cara a la ciudadanía.  

Desde el plano fiscal, se plantea, además, un nuevo sistema de ingresos para gobiernos subnacionales, que orienten las transferencias de canon y regalías hacia la reducción de desigualdades a nivel regional. 

En tanto, la reforma territorial comprende una distribución más funcional para la provisión de servicios, pues el esquema actual ha generado la atomización de recursos presupuestales para muchos distritos, que en muchos casos solo llegan a cubrir las tareas administrativas de los municipios. 

Finalmente, Crisólogo y Gallardo coinciden que en el corto plazo se deben implementar sistemas de monitoreo que mejoren la transparencia de autoridades regionales y municipales, fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales mediante incentivos presupuestales y asignar las funciones más relevantes a los niveles de gobiernos más capacitados para poder cumplirlas.