La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que el agua y el saneamiento son prioridad del Gobierno en el Presupuesto General de la República para el año 2024, que fue presentado hace unos días ante el Congreso de la República.

Así lo anunció durante la firma del «Pacto Nacional: Unidos por el Agua y el Saneamiento», un compromiso impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), para articular esfuerzos que contribuyan a que todos los peruanas y peruanos accedan a servicios de agua potable y saneamiento.

“La firma del pacto es un paso fundamental para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado para cerrar las brechas de agua y saneamiento. Gracias a todos los que están aquí apostando por este objetivo”, destacó la presidenta.

De parte del ejecutivo, firmaron el documento los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar; del Ambiente, Albina Ruiz; de Educación, Miriam Ponce; de Energía y Minas, Oscar Vera; de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews; del Interior, Vicente Romero, así como representantes de diversas entidades públicas y privadas, de la academia, de la cooperación internacional, de los pueblos originarios y dirigentes sociales.

La firma del pacto fue el acto más importante del foro «Unidos por el agua y el saneamiento», presidido por la jefa del Estado y que contó con la presencia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; los titulares de la Confiep, Alfonso Bustamante; de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar, entre otros invitados.

Para velar por su cumplimiento, el documento fue entregado simbólicamente a las niñas “Cuidadoras del Agua y el Medio Ambiente”, representantes de la comunidad nativa de Amazonas, en Nauta – Loreto, quienes a su vez entregaron una gota de agua tallada en piedra de Huamanga a la mandataria, y la nombraron “Cuidadora del Agua”.

Proyecto para Juliaca

La mandataria anunció que próximamente se iniciará la implementación del proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en Juliaca, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obra que demandará una inversión de más de S/ 1500 millones.

“Reitero a nuestras hermanas y hermanos de Puno que ejecutaremos la obra de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juliaca, obra emblemática que ha sido varias veces postergada y ahora será una realidad”, indicó.

La presidenta también destacó que en nueve meses de gestión el sector Vivienda destrabó 101 proyectos de agua y saneamiento que estaban paralizados.

Por su parte, la ministra Pérez de Cuéllar, señaló que el sector Vivienda tiene como meta cerrar las brechas de agua y saneamiento en los próximos años.  

“Nos hemos puesto una meta, que el Perú, así como ha sido modelo agroexportador, sea un modelo en Latinoamérica y por qué no en el mundo, de haber cerrado su brecha de agua y saneamiento entre los próximos 10 y 15 años”, manifestó.

Compromisos 

En el “pacto Nacional: Unidos por el Agua y el Saneamiento”, los firmantes se comprometen a luchar frontalmente contra la corrupción, por cuanto este flagelo le roba el derecho humano al agua y saneamiento a las poblaciones más vulnerables, así como a reducir la brecha a través de proyectos innovadores y sostenibles para que todas las peruanas y peruanos accedan de manera universal y equitativa a estos servicios.

También se comprometen a conservar y gestionar de manera sostenible las fuentes de agua a fin de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico, sobre todo en un creciente entorno de eventos naturales extremos y cambio climático, y a concientizar a la población sobre el uso responsable y el cuidado del agua potable y saneamiento.

A su vez, la cooperación internacional brindará asistencia técnica y financiamiento para fortalecer capacidades locales y desarrollar proyectos de cierre de brechas. En tanto, el mundo académico aportará con ciencia y tecnología para la mejora de las políticas públicas en agua y saneamiento, a través de la investigación, desarrollo e innovación.

Por su parte, la sociedad civil, las organizaciones sociales de base, los pueblos originarios y todas aquellas formas de organización social y cultural, desarrollarán actividades, programas e iniciativas que contribuyan a la mejora del servicio y participarán activamente en la vigilancia de los compromisos asumidos.