El futuro del Museo de la Memoria de Colombia pende de un hilo debido a una severa crisis financiera que amenaza con detener su construcción de manera definitiva.
Este proyecto, impulsado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), tiene como objetivo rendir homenaje a las víctimas del conflicto armado en el país y preservar la memoria histórica como un pilar fundamental para la paz.
Sin embargo, de acuerdo con información obtenida en exclusiva por el diario El Nuevo Siglo, el Gobierno nacional ha manifestado que no cuenta con los recursos necesarios para culminar la obra, lo que ha llevado a la dirección del Cnmh a contemplar la posibilidad de declararla como obra inconclusa.
“El Museo está desfinanciado, nadie quiere dar plata. El Cnmh ha pedido plata al Departamento de Prosperidad Social (DPS), a la Presidencia y todos han dicho que no, que no hay plata para terminar esa obra. Este es el proyecto fundamental del Cnmh y no tiene cómo terminar esta obra. Entonces, efectivamente, la dirección ha pensado en declarar al Museo obra inconclusa y eso es gravísimo, es decir: ‘Eso ya no se va a hacer, hagan lo que quieran con el lote, miren ustedes qué van a hacer’. Ahí ya la Contraloría debe intervenir”, afirmó la fuente consultada por el medio nacional.
Según describió el diario, el problema surgió debido a los recortes presupuestales implementados recientemente por el Ministerio de Hacienda, que solicitó la devolución de 24.690 millones de pesos destinados a la finalización de la obra.
Debido a esta situación, el Cnmh cuenta con un plazo hasta el 16 de febrero de 2025 para informar a la Contraloría General de la República si existe viabilidad para continuar con el proyecto. De lo contrario, su declaratoria como obra inconclusa daría pie a una investigación sobre el manejo de los recursos y el estado de la construcción.
La posible cancelación del museo también tendría un impacto simbólico significativo, pues se trata de un espacio diseñado para la memoria y la reconciliación nacional.
“Si les parecía gravísimo que el contratista no haya cumplido, pues es más grave aún que el Gobierno deje que se vaya a obra inconclusa, porque es perder toda la plata. Eso es una obra de la Presidencia, el terreno es del Estado, el proyecto es del Estado”, agregó la fuente.
Por su parte, El Nuevo Siglo intentó contactar a Adriana González, directora del Museo, pero no ofreció declaraciones.
La situación se agrava si se considera que, a ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, varios de los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto continúan sin cumplirse.
La Procuraduría ya había alertado sobre los retrasos en la ejecución de este proyecto desde 2023, señalando el riesgo de un grave detrimento patrimonial para la Nación.
El museo, cuya construcción fue contratada en 2020, hace parte de las acciones contempladas en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, cuyo artículo 145 establece su importancia dentro del proceso de reparación y reconocimiento a quienes han sufrido a causa del conflicto armado.
Las irregularidades que encontró la Contraloría a principios del 2024
El Museo de Memoria de Colombia, lleva tiempo con serios cuestionamientos tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República. Según informó el órgano de control fiscal, se identificaron irregularidades por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos colombianos, lo que ha puesto en duda la viabilidad del proyecto.
De acuerdo con la información del ente de control, la auditoría, llevada a cabo por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, reveló tres hallazgos fiscales con presunta incidencia económica por un total de 12.998 millones de pesos. Estas irregularidades se atribuyen principalmente a deficiencias en la planeación y en la calidad de los procesos constructivos del proyecto.
El Museo de Memoria de Colombia fue ordenado en 2011 mediante la Ley de Víctimas, con el objetivo de convertirse en un espacio de reflexión y reconocimiento de las historias de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Las obras comenzaron en 2020, y el cronograma inicial establecía que el museo abriría sus puertas en 2022. Sin embargo, este plazo no se cumplió, lo que llevó a los entes de control a examinar el estado del proyecto.
En febrero de 2023, la Procuraduría General de la Nación ya había advertido sobre la posibilidad de que el museo quedara inconcluso debido a la falta de recursos. Ahora, los hallazgos de la Contraloría refuerzan estas preocupaciones, al señalar que las debilidades en la planeación y ejecución han comprometido tanto el presupuesto como el cronograma de la obra.
La auditoría identificó cinco hallazgos disciplinarios y tres fiscales. El más significativo de estos últimos está relacionado con la modalidad de contratación utilizada para la construcción del museo, que se llevó a cabo bajo un esquema de precios unitarios fijos. Este modelo, que en teoría debería garantizar un control más estricto de los costos, no logró evitar las inconsistencias detectadas en los procesos constructivos.
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