La reciente tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza Trujillo ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los peruanos. Este trágico suceso ha marcado un punto de inflexión significativo para los sectores del retail y el real estate en el país, dado que ha llevado a diversas entidades y municipalidades a implementar de inmediato un riguroso proceso de fiscalización.
Como resultado de estas acciones, se han ordenado múltiples cierres de centros comerciales y tiendas, con la inclusión de dos nuevos establecimientos en la lista de clausuras este lunes.
Según datos proporcionados por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), un total de 12 centros comerciales han sido cerrados, junto con 14 supermercados y tiendas de calle, todos por irregularidades relacionadas con higiene, seguridad y deficiencias estructurales. Esta situación resalta la urgencia de una revisión exhaustiva de las normativas de seguridad en el sector.
El gerente general de Accep, José Antonio Contreras, informó a DFSUD que se ha estimado que cada día de cierre representa una pérdida de más de 100 millones de soles (cerca de US$ 27 millones) para la industria de centros comerciales. Esta cifra no solo refleja el impacto directo en las ventas, sino también las repercusiones en toda la cadena productiva, que incluye a emprendedores cuyos negocios se ven perjudicados, afectando notoriamente a los pequeños comercios.
Además, Contreras, indicó que estos cierres también han llevado a la pérdida de aproximadamente 65,000 empleos directos, lo que agrava aún más la situación económica de muchos peruanos afectados por esta crisis. «A la fecha, se han reabierto tres centros comerciales; esperamos que día a día vuelvan a operar y que en los próximos 15 días estén todos con niveles normales de actividad».
Impacto financiero en Real Plaza y en la cadena logística
Mientras que algunos mantienen una visión optimista sobre la situación actual, el experto en finanzas de Pacifico Business School, Jorge Carrillo, ofrece una perspectiva más cautelosa. Carrillo estimó que, «en el mejor de los casos, la reanudación de las operaciones podría tardar 30 días», aunque advirtió que, en escenarios más desfavorables, los cierres podrían extenderse de cuatro a cinco meses.
En relación al impacto económico específico que el cierre del centro comercial de Trujillo tendría sobre Real Plaza, empresa perteneciente al conglomerado Intercorp, que también opera Interbank e Inkafarma, Carrillo indicó que la firma «estaría dejando de facturar, solo por el cierre de Trujillo, entre un 20% y un 25% de los US$ 220 millones que gana anualmente».
No solo los grandes operadores de centros comerciales están sintiendo el efecto de estos cierres; los locatarios también atraviesan un momento difícil, ya que en las últimas semanas han visto mermadas sus ventas. Carrillo destacó que los inquilinos tienen la posibilidad de solicitar a Real Plaza una reducción en sus tarifas de alquiler.
Además, Carillo señaló que en situaciones donde el cierre se torne permanente, podrían incluso reclamar indemnizaciones por lucro cesante, pérdidas de mercadería y otros daños patrimoniales. «Es hora de negociar con el mall: descuentos, nuevas tarifas, nuevas condiciones ante cierres futuros. Tienen todo el derecho a negociar», advirtió.
José Antonio Contreras, gerente general de Accep, subrayó que estos cierres están generando un daño adicional en la cadena logística de los centros comerciales, supermercados y tiendas afectados. Esta situación podría acentuar las dificultades económicas en un sector que ya enfrenta serios desafíos.
Investigación de responsabilidades en el colapso
Según José Antonio Contreras, este tipo de incidentes es sin precedentes en el país, lo que acentúa la gravedad de la situación. Las investigaciones están en curso para identificar al responsable del derrumbe, y las posibles implicaciones abarcan diversos actores.
Las indagaciones podrían implicar a la operadora del centro comercial, al contratista que llevó a cabo la construcción de manera deficiente, al desarrollador del proyecto o incluso al municipio que no realizó la supervisión adecuada. Este entramado de responsabilidades plantea un desafío significativo para las autoridades, que deberán determinar con claridad quiénes son los culpables de esta tragedia.
«Incluso podría haber un tema judicial y ser acusados por homicidio culposo, entonces ya no se hablaría solo de una multa, pero primero hay que ver qué determinan las investigaciones», dijo. Por su parte, el gerente general de la Accep, aseguró que lo ocurrido en Real Plaza «es una tragedia», ya que el sector de centros comerciales en Perú «cumple con toda la normativa que exige la ley. Somos un sector formal que genera 65 mil puestos de trabajo en todo el país».
Finalmente, Contreras explicó que las multas son incalculables, porque «se están cerrando locales a diestra y siniestra donde priman la impulsividad y la arbitrariedad». «somos los más interesados en que el peritaje oficial (el definitivo e integral) nos otorgue una línea de base para determinar la causa de esta tragedia y desde ahí hacer las propuestas pertinentes».
