La Contraloría General ha señalado un riesgo significativo de sobrecostos para el Estado en la ejecución del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Este riesgo está relacionado con una posible paralización de la tuneladora cuando llegue a la Estación E-7, situada en terrenos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Este retraso se debe a la demora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la entrega de las áreas de concesión correspondientes a la Etapa 2-L2 (tramo Breña-Callao) ubicadas en dicha universidad.
Actualmente, la tuneladora, que se encuentra en la Estación Central en el Centro de Lima, tiene previsto llegar a la estación E-7 “San Marcos” en octubre de 2025. Sin embargo, existe el riesgo de paralización si para ese momento la estación no cuenta con las obras mínimas necesarias para el paso de la máquina excavadora de túneles.
En el Informe de Hito de Control N° 23963-2024-CG/APP-SCC se destaca la falta de acciones concretas por parte del MTC (Concedente) y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) respecto a la entrega de las áreas de la Estación E-7 “San Marcos” y de los pozos de ventilación PV6 y PV7, ambos situados en terrenos de la UNMSM. Además, también están pendientes de entrega las áreas correspondientes a las Estaciones E-5 “Carmen de la Legua” y E-6 “Oscar Benavides”.
Es importante destacar que todas las áreas de concesión para la ejecución de las obras de la Etapa 2-L2 del Proyecto debieron haber sido entregadas al Concesionario a más tardar el 27 de septiembre de 2019, según el “Cronograma Actualizado de Entrega de las Áreas de la Concesión” del Contrato de Concesión.
El Proyecto Línea 2 del Metro de Lima, con una inversión de US$ 4,530,928,168, está dividido en cuatro etapas. La Etapa 2-L2 abarca 11 estaciones, que van desde la Estación Parque Murillo (E11) en Breña hasta la Estación Puerto del Callao (E1) en Callao.
La comisión de control ha observado que la ATU no ha adquirido la posesión de los terrenos de la UNMSM necesarios para la concesión, lo que obliga al MTC y a la ATU a compensar a la universidad por la entrega de estos terrenos. La UNMSM ha solicitado la implementación de 11 demandas, que incluyen mejoras en la Ciudad Universitaria y San Juan de Lurigancho, así como la construcción de edificios para estudiantes y espacios multidisciplinarios.
El informe también señala que, aunque el MTC, la ATU y la UNMSM firmaron un acta de acuerdos sobre las áreas afectadas por el proyecto, no se ha concretado la entrega física y efectiva de dichos terrenos.
En cuanto a la Estación E-5 “Carmen de la Legua”, está pendiente la entrega de un predio público que debía haberse otorgado el 11 de junio de 2024. La ATU ha indicado que esta entrega se realizará a fines de agosto pasado. En el caso de la Estación E-6 “Oscar Benavides”, se espera la liberación de una red secundaria de agua potable, con un avance del 98%, que depende de la modificación del plan de desvíos para esta estación.
Además, la comisión de control ha alertado sobre la liberación pendiente de interferencias relacionadas con redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones y cámaras de vigilancia en las áreas de las estaciones E-7 “San Marcos” y E-6 “Oscar Benavides”. La resolución de estas interferencias está vinculada a la finalización o modificación del plan de desvíos implementado para la ejecución de estas estaciones.
La Contraloría ya había advertido anteriormente sobre estos retrasos en la entrega de áreas de concesión y liberación de interferencias en sus Informes de Hito de Control N° 11054-2022-CG/APP-SCC de septiembre de 2022 y N° 11258-2023-CG/APP-SCC de mayo de 2023. Dado el tamaño del proyecto, la entidad fiscalizadora realiza un seguimiento constante para identificar y corregir posibles riesgos.
El informe de control, cubriendo el período del 24 de julio al 29 de agosto de 2024, fue enviado a la directora general del programa y proyectos en transportes del MTC y a la directora ejecutiva de la ATU. Se les instó a adoptar las medidas correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato de concesión y beneficiar a la población.
