El pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se anule la exclusividad de servicios esenciales a Cosco Shipping Ports en el puerto de Chancay, en Perú, luego de identificar un “error administrativo”, continúa en la palestra. El gerente general adjunto de Cosco Shipping, Carlos Tejada Mera, advirtió que la situación viene preocupando a los inversionistas e impediría los futuros proyectos que se tenían planteados alrededor del puerto.

“Ya hemos recibido comunicación del sindicato de banco que nos dio el préstamo y de la propia filial del Cosco (que se pregunta): ‘¿Qué pasa (en Perú)? No entendemos’. Ustedes creen que, con lo que está pasando, ¿no les va a generar mucha preocupación de apostar por esta visión? No era un puerto, era mucho más, era contribuir con el desarrollo del crecimiento económico del país a través de transferencias de tecnología de empresas globales. Con esto, tienen serias preocupaciones de seguir invirtiendo en las siguientes etapas”,dijo durante su presentación en la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del proyecto Terminal Multipropósito de Chancay del Congreso de la República.

Cabe recordar que la primera etapa del puerto de Chancay tuvo una inversión inicial de US$ 1,300 millones. Sin embargo no era lo único esperado. La proyección del plan maestro contempla una inversión superior a los US$ 3,500 millones.

Tejada Mera sostuvo que la visión de los accionistas no era construir solo un puerto, pues este era solo el primer componente para la creación de un gran clúster logístico, industrial y tecnológico. Según indicó, detrás de esta primera etapa de inversión en el Puerto de Chancay, se esperaba una inversión de US$ 7,000 millones a US$ 8,000 millones más desde otros actores.

Pese a esto, recordó que todo lo correspondiente a la primera etapa ya está invertido y tienen contratos que van a honrar, por lo que “el puerto como está conceptualizado en la primera etapa va a funcionar”.

En su presentación en el Congreso de la República, el gerente general adjunto de Cosco también afirmó que esta controversia ya está afectando la estabilidad jurídica.

“Lamentablemente sí hay una afectación a la estabilidad jurídica. De hecho la noticia se ha globalizado y creemos que es muy malo para el país en términos de predictibilidad y seguridad a las inversiones (…) Cosco viene evaluando los impactos que está medida está produciendo en el desarrollo del proyecto, para ver qué decisiones se pueden tomar desde el punto de vista empresarial”, refirió.

¿Acto ilegal o vacío legal?

Durante la comisión del Parlamento, la APN recordó que el problema se trataba de un “acto ilegal” iniciado en la aprobación del artículo N° 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio No. 0008-2021-APN-DIR, que dio esta exclusividad. Sin embargo, Tejada señaló que Cosco nunca hubiera hecho una solicitud de ese tipo y señaló que se podría hablar de un “vacío (legal) que es distinto a un acto ilegal”.

El gerente general de Cosco Shipping dijo lamentar que luego de todo el proceso largo que vinieron siguiendo se pretenda anular la exclusividad otorgada pues esto constituye una seria afectación a la seguridad de la estabilidad jurídica para las inversiones privadas.

“Fue un proceso largo, riguroso que hemos seguido con las autoridades en su momento y fue analizado de manera exhaustiva y por eso la APN nos otorgó ese uso de servicios esenciales y eso era importante para definir, primero, si se invertía; segundo, el monto de la inversión, y; tercero, el diseño técnico del puerto”, sostuvo.

Tejada afirmó que para ellos el establecimiento de la exclusividad es importantes pues se trata de una inversión totalmente privada, en la cual el riesgo era asumido por la empresa.

Incluso señala que en la legislación se indica que en el caso de puertos con inversión privada en puertos de titularidad pública, ellos tienen ese beneficio de la exclusividad en servicios esenciales, por lo que, pese al vacío legal en los puertos de titularidad privada de uso privado, consideran que hay un sustento jurídico.

“Lamentamos que el procedimiento administrativo no haya sido merituado oportunamente, sobre todo en los antecedentes, en que sí existe suficiente marco jurídico superior a la ley del sistema portuario nacional que permitió otorgar esta exclusividad y también no es un procedimiento simple porque la APN tendrá que ir y demostrar cuál es la lesividad que le causa esta exclusividad de servicios al ordenamiento jurídico del país”, señaló.

El representante de Cosco Shipping agregó que el vacío pudo corregirse antes de iniciar con el procedimiento actual y consideró que se necesita modernizar la legislación, además de mostrar coherencia entre la política de gobierno y la actuación de las entidades del estado.

Respecto a un cambio en la legislación, como adelantó Gestión, la APN afirmó que ya presentó una propuesta para una nueva ley portuaria. El gerente general de APN, Carlos Molina, afirmó que luego de darse cuenta de la situación se comenzó a evaluar el cambio.

“Comenzamos a trabajar en una modificación de la ley del sistema portuario nacional, la cual presentamos al sector en noviembre, entiendo que está caminando y con esa modificación a ley del sistema portuario nacional, esto se regularía”, recordó.

Hace unos días, Gestión supo que a fines del año pasado la APN presentó al MTC un proyecto para modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional, pero no se ha avanzado en su trámite.