Los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, vitales para el descongestionamiento del tráfico en la ciudad de Lima, podrían generar efectos multiplicadores en la economía nacional por el lado de la oferta y la demanda por cerca de S/ 120 mil millones y promover la creación más de 2 millones 400 mil puestos de trabajo formales en un horizonte de 30 años, convirtiéndolos en piezas clave para la anhelada reactivación económica del país. Si bien el desarrollo de estos proyectos requiere de una inversión cercana a los S/ 35,000 millones, diversos especialistas coinciden que esto sería viable a través de diversas herramientas de financiamiento y bajo un esquema de Gobierno a Gobierno (G2G).
Para Diego Carrillo, ex viceministro de Comunicaciones, este tipo de proyectos puede financiarse a través de bonos emitidos directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a tasas bajas, un mecanismo que se utiliza con éxito en otros países. “El Estado no tiene que comprometer el dinero del erario público de hoy para ejecutar el proyecto. Para ello, puede implementar un programa de bonos con emisiones cada dos años a tasas mucho más atractivas que las que asumiría a través de un privado bajo un esquema de APP. Ello evitaría sobrecostos de comisiones de intermediación para solventar el costo de la construcción. Un caso exitoso es Chile, donde la permanente expansión de la red de metro se financia a través de emisiones directas de bonos por el Estado”, comentó.
Gracias al crecimiento económico y a la disciplina fiscal de los últimos 30 años, el Perú cuenta con un buen respaldo financiero en el ámbito internacional, por lo que le es posible endeudarse a tasas razonables y pagar el proyecto en plazos. “Si bien se requiere un esfuerzo fiscal, puesto que son proyectos muy grandes, existen herramientas económicas y de financiamiento para cumplir con su ejecución. Además, nada obliga que se trabajen estos proyectos simultáneamente, podemos empezar con la Línea 3 del Metro de Lima y la Línea 4 puede esperar unos años, sujeto al crecimiento de Lima y la economía”, señaló Miguel Prialé, socio de DEE Consultores.
Dentro de los esquemas más viables de ejecución, los especialistas coinciden que el G2G sería la mejor opción, frente a una APP. “Pese a que ambos esquemas son similares en cuanto los montos de inversión, la ventaja del G2G es que, al tratarse de una negociación entre gobiernos, a nuestro país le es mucho más fácil llegar a un acuerdo con mejores condiciones financieras que si lo hiciera ante una entidad privada. Además, desde el inicio cuenta con el acompañamiento técnico de la contraparte, lo que permite reducir al mínimo los riesgos y por ende los sobrecostos”, sostuvo Carlos Estremadoyro, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.
Como se sabe en el modelo de financiamiento de APP de infraestructuras como las líneas de metro, la empresa ganadora se encarga de obtener el financiamiento para el proyecto, el mismo que luego debe ser pagado cada semestre por el Estado bajo un mecanismo establecido en la Ley de Presupuesto. En ese contexto, el experto indicó que nada garantiza que en los proyectos de tipo APP no existan sobrecostos, tantos financieros como por demoras en la gestión de proyecto, los mismos que a fin de cuentas terminan elevando el monto inicial de la inversión.
El potencial del G2G
Es importante precisar que el potencial del G2G para este tipo de proyectos radica que en este mecanismo el Estado se asegura de contar con los mejores especialistas para cada etapa. “El problema con la obra pública tradicional y las APP es la baja capacidad del Estado de diseñar y gestionar buenos proyectos. Los G2G multiplican desde el día uno esa capacidad de los funcionarios encargados de gestionar el proyecto. Los beneficios radican en que el equipo del gobierno elegido brinda asistencia técnica para preparar buenos términos de referencia, para manejar una eficiente licitación internacional, mantener un equipo de gestión y seguimiento del contrato, entre otros. Todo ello, contribuye a que se reduzcan los riesgos”, destacó Carrillo.
Por el lado de la etapa de operación y mantenimiento, tanto en el G2G como en la APP esto corre por cuenta de un concesionario. La única diferencia es que en el G2G la licitación se realiza durante el periodo de ejecución, lo que permite un ahorro tiempo de hasta uno o dos años. En el caso de la APP, el proceso de selección del concesionario se realiza desde el principio, lo que puede generar retrasos en los avances de la obra.
“El único esquema que actualmente está funcionando es el de Gobierno a Gobierno, y eso queda evidenciado en los proyectos que actualmente se vienen ejecutando. La Línea 2, que se desarrolla bajo el esquema de APP, es un caos que adolece de retrasos debido a que no existen funciones definidas y carece de una PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) capaz de agrupar a los tomadores de decisiones, algo que si está contemplado en el G2G. Por otro lado, es importante recalcar que hoy por hoy tenemos la posibilidad de consultar con los países la implementación mejoras en el modelo de G2G, no solo en lo que respecta a la transferencia de tecnología y capacidad de gestión, sino también a la figura del financiamiento”, declaró Carlos Ugaz Montero, experto en gestión de proyectos y ex director ejecutivo de la AATE.
