Cerca de 5,000 ciudadanos de Piura celebran un importante avance en su vida, ya que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha entregado 1,226 títulos de propiedad que los convierten oficialmente en propietarios de sus viviendas. Este proceso, que busca cerrar las brechas de informalidad, fue encabezado por el ministro Durich Whittembury Talledo en una ceremonia en el auditorio del Gobierno Regional de Piura.
La entrega de títulos beneficiará a más de 4,900 vecinos de las ocho provincias de Piura, incluyendo Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sechura, Sullana y Talara, a través de la campaña «Título en mano, seguridad de propietario».
Durante el evento, el ministro entregó simbólicamente títulos a la Municipalidad de Paita, a tres familias de la ciudad de Piura, así como a las direcciones regionales de salud y educación, facilitando la titulación de servicios esenciales como una posta médica y colegios.
Este acto representa un avance significativo en la seguridad jurídica de la población y las instituciones públicas de la región, que ahora podrán gestionar mejoras en la infraestructura de salud y educación.
Whittembury Talledo enfatizó el compromiso del gobierno con la formalización de la propiedad, resaltando la importancia de estos títulos para asegurar la estabilidad y el bienestar de las familias beneficiadas. «Hoy entregamos 1,226 títulos, atendiendo el déficit de vivienda», afirmó.
Una de las beneficiarias, Nidia Neyra Quino, destacó la relevancia de la formalización en su asentamiento humano, Villa Los Rosales, en el distrito 26 de Octubre. Este documento les permitirá gestionar la electrificación de su comunidad, un servicio ausente durante 11 años por la falta del título de propiedad.
La ceremonia contó con la presencia de diversas autoridades, incluido el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, y congresistas, así como el viceministro de Construcción y Saneamiento y el gerente de Cofopri.
La titulación de viviendas informales es un esfuerzo del sector Vivienda para garantizar la seguridad jurídica de las familias, promoviendo el desarrollo social y económico en la región. Los beneficiarios ahora podrán acceder a servicios básicos y programas de financiamiento, mejorando así su calidad de vida.
