El Perú necesitaría invertir US$ 20,901 millones hasta el año 2030 para brindar acceso universal al agua y saneamiento y garantizar el tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
De acuerdo al informe realizado entre octubre y noviembre de 2021 en zonas periurbanas de Lima y Callao, es importante incrementar la inversión en el sector de agua y saneamiento en el Perú para lograr la cobertura universal de estos servicios, conforme a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además, evidenció que las posibilidades de contagio de COVID-19 se redujeron entre 15% y 25% en el caso de las personas con acceso al servicio de saneamiento.
La investigación denominada “Acceso al agua y COVID-19: un estudio de regresión discontinua para áreas periurbanas de Lima Metropolitana, Perú”, se realizó en dos grupos diferentes de población, 487 familias con el servicio de agua a domicilio y 634 familias que no estaban conectadas a la red pública de agua.
Los 1,121 hogares investigados, tenían residencia en las áreas periurbanas de los distritos de Ancón, Carabayllo, Cieneguilla, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, San Juan de Lurigancho y Ventanilla.
De acuerdo a los resultados de este estudio, no es suficiente que un hogar esté conectado a la red pública de agua, sino que debe tener continuidad del servicio y una dotación mínima de 150 litros de agua por habitante por día, para asegurar que se cumpla con las recomendaciones de higiene de las personas y evitar la exposición al riesgo de contagio por tener que salir a recolectar agua para su consumo.
“El agua potable tiene un impacto multidimensional en la salud y el desarrollo de las personas. Más allá de lo esencial que resulta en esta pandemia para el lavado de manos, su acceso esta estrechamente relacionado con los niveles de enfermedades diarreicas y desnutrición infantil y otros indicadores de desarrollo como educación y trabajo”, indicó Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass y coautor del estudio.
“Por lo tanto, como Estado nos urge priorizar el tema de inversiones en infraestructura de saneamiento y abordarlo de manera intersectorial, optimizando sus niveles de eficiencia y eficacia para el cierre de brechas, en beneficio de la población más vulnerable”, puntualizó.
