Por primera vez en 25 años, algunos contratos de concesión de transporte en Perú llegarán a su fin en los próximos años. Estos contratos, que han regido el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) desde 1999, abarcan diversas infraestructuras, desde puertos hasta carreteras. Según datos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), de las 32 concesiones de transporte existentes en el país, ocho de ellas estarán caducando o han vencido ya, en su mayoría antes de 2030.
Entre las concesiones afectadas se encuentran proyectos clave, como el puerto de Matarani y varias carreteras importantes, tales como la Red Vial Nº 5 y diversas rutas de la IIRSA, entre otras. Este hecho inédito genera incertidumbre en cuanto a la continuidad de los servicios y ha dado lugar a que especialistas y analistas pidan al Estado peruano adoptar medidas preventivas para evitar que estas concesiones queden sin operar.
En este contexto, el Gobierno tiene tres alternativas principales: renegociar las concesiones con los concesionarios actuales, relanzar una nueva licitación para la operación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas, o bien optar por tomar la administración directa. Ronald Fernández Dávila, socio de PPU especializado en Infraestructura, considera que el Estado debe prepararse para tomar decisiones con antelación y establecer criterios claros para evitar una discontinuidad en los servicios o la paralización de proyectos.
Otro experto, Juan José Cárdenas, resalta que esta es una situación sin precedentes. Hasta ahora, las APP solo habían sido terminadas de manera unilateral, como en el caso de Chinchero o el gasoducto, lo que añade un reto mayor a la situación. Ambos coinciden en la necesidad de un marco normativo que defina con claridad cómo proceder en estos casos, pero también advierten que la falta de una norma no debe frenar la acción, sino que el Estado debe actuar con rapidez, incluso si debe recurrir a licitaciones.
Mientras tanto, algunos concesionarios ya han mostrado su interés por extender sus contratos. Empresas como Tisur, a cargo del puerto de Matarani, están negociando la renovación de su concesión con compromisos de inversión adicionales, que incluyen la construcción de un nuevo muelle y otras mejoras. También Norvial, que maneja la Panamericana Norte, está en conversaciones para extender su contrato a fin de conectar mejor con el nuevo puerto de Chancay.
A pesar de la incertidumbre, se estima que varias concesiones, que ya han caducado o están por caducar en 2024 y 2025, están en proceso de renegociación. Sin embargo, algunos expertos advierten que no todos los proyectos tendrán el mismo nivel de interés por parte de los privados, especialmente si no están asociados a inversiones estratégicas como puertos cercanos. En estos casos, la principal preocupación será la operación y mantenimiento.
Finalmente, en cuanto a la posible renovación de estas concesiones, los expertos apuntan a que será crucial evaluar si los concesionarios han cumplido con sus compromisos de inversión inicial. Ositrán reporta que, si bien las empresas en cuestión han invertido la mayoría de los recursos comprometidos, hay algunas, particularmente las que ya han caducado, que no han alcanzado el 100% de lo pactado, lo cual podría afectar la renovación de sus contratos.
