A poco más de un mes de que el Congreso de la República aprobara su versión final, fue publicada la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP), que regirá desde ahora todas las adquisiciones del Estado, entre obras, servicios y bienes. A falta aún de un reglamento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la nueva norma aclara que desde hoy hay cinco disposiciones incluidas allí que están vigentes.

Si bien algunos de estos elementos son más que nada temporales, por ejemplo, cuándo debería publicarse su reglamento, hay otros que desde ya introducen cambios a la gestión de la inversión pública.

Entre ellos está un mecanismo para alcanzar la tan ansiada reactivación de obras paralizadas. Se analiza este y los otros extremos de la Ley 32069.

Saldos

En concreto se plantea la modificación de la Ley 31589, norma que literalmente se creó a finales del 2022 para “garantizar la reactivación de las obras paralizadas”. Sin embargo, como ya reportó este diario, estas no han dejado de crecer. Al cierre del primer trimestre del 2024, según la Contraloría, hay 2,324 proyectos sin ejecución en el Perú. En diciembre, eran 2,298. Su valor ha crecido en S/ 6 mil millones.

Para atender este asunto, la nueva LGCP dispone, para reactivar obras, que ahora las entidades públicas puedan contratar el saldo restante para finalizar el diseño y/o la construcción a través de las modalidades llave en mano o concurso oferta, según corresponda. Esto incluye al Expediente Técnico (ET).

Antes de esta modificación, esto se limitaba a los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. De hecho, esto se estableció recién en noviembre del 2023 y ahora se hace un cambio.

Para Willy Pedreschi, socio del Estudio Miranda & Amado, esta medida es buena, ya que permitiría reducir costos, tanto para el Estado como para el privado. “Es importante porque las obras se paralizan no por mala ejecución, sino por ET mal diseñados. La posibilidad de desligarse de un ET deficiente, vía contratación de saldos, es buena”, señala.

A consideración de Raúl Barrios, presidente del Gremio de Construcción de la CCL, la disposición es favorable ya que permitirá que una entidad, incluso más allá de si arregla con el constructor actual, pueda contratar a otro para ejecutar lo restante de la obra.

“Hoy hay problemas si son diversos contratistas, uno para ET y otro para construcción. Poder contratar una empresa para reactivar las obras, en caso vean algún defecto, me parece una mejora”, refiere.

Si bien desde la Sociedad Nacional de Construcción e Ingeniería (SNCI) también saludan esta medida, consideran que solo solucionaría unos cuantos de los varios motivos de paralización existentes en el Perú.

“Son como 10, según la Contraloría, pero solo tenemos un par de normas que abordan algunas de esas causales. El Ejecutivo ha pedido facultades para legislar en materias relacionadas a infraestructura, se entiende, precisamente por eso”, indica César Candela, su director ejecutivo.

La nueva LGCP también ya estableció la vigencia de nuevas directrices para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). La Ley 32069 aclara los alcances de los procedimientos especiales de contratación de asistencia técnica especializada en gestión de proyectos y para la aplicación de modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional en esta entidad.

Un aspecto clave es que se plantea que, en caso existan controversias entre las partes por la ejecución de los contratos, estas se resolverán además del trato directo y en “dispute boards”, a través de un arbitraje.

La CCL señala que ello implica una inclusión. Resulta que el 5 de junio, el Gobierno publicó el Decreto Supremo (DS) Nº 096-2024-EF, aprobando también las mismas disposiciones para los procesos en la ANIN, pero sin incluir la posibilidad de ir arbitrajes en caso de rencillas. Se constató que efectivamente fue así.

“La semana pasada nos reunimos con ellos precisamente por eso. Ese DS permite que la ANIN contrate empresas con los famosos contratos NIC y FIDIC. Les dijimos que era una omisión que podía evitar que constructoras se animen a participar”, asegura Barrios.

Al respecto, Pedreschi aclara que, al ser una ley una norma de rango superior a un D.S, esta última debe sujetarse a lo que aclare la primera. “Era necesario para no depender del trato directo, aunque igual se trata de la intervención de un tercero para resolver una controversia”, agrega el abogado.

Procesos específicos y plazos

Otra directriz que hoy ya se encuentra vigente de la LGCP es aquella referida a las instancias, plazos y jurisdicciones que deben atender a nivel judicial las acciones contenciosas administrativas sobre actuaciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), ahora rebautizado como Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Para Candela de la SNCI, lo más importante aquí es que se pone textualmente que la instancia del Poder Judicial (PJ) que debe resolver el cuestionado a la OECE tiene que estar en el mismo distrito judicial.

Barrios de la CCL coincide: “Es correcto porque hay abogados deshonestos que aunque el contrato se ejecute en Lima, presentan una medida cautelar en Huancayo. Por eso lo aclaran”, acota.

Las otras dos disposiciones están referidas a plazos. La OECE y Perú Compras tendrán tres meses para presentarle al MEF su plan de implementación de todas las funciones que ahora les encarga la LGCP.

La cartera, por su lado, tendrá seis meses, que vencerían en diciembre, para publicar el reglamento de la ley. “Es el doble del plazo regular. Si bien no lo han justificado, podría explicarse porque las contrataciones se realizan por ejecución presupuestal, que se entrega año a año”, resalta Pedreschi.

Con ello, se harían vigentes extremos de la LGCP que no son del gusto de los gremios de construcción. Como ya se contó, tanto la SNCI como la CCL han cuestionado que la nueva ley introduce cambios que afectarían la capacidad del contratista para cuestionar al Estado.

La CCL se opone a que se exija la contracautela como un requisito para que un contratista pueda presentar una medida cautelar ante el PJ en caso decida resolver el contrato.

“Cuando les comunicas eso, las entidades amenazan con ejecutar tu carta fianza. Hay casos donde es necesario. Por ejemplo, la construcción de una escuela en lugares como Huancavelica. Un contratista no puede aceptar que el ET diga que los ventanales estén encima de las puertas de un salón. Eso es un peligro en caso de terremotos”, explica Barrios, que espera el Ejecutivo llame al sector privado para revisar el reglamento.

La SNCI critica que se hayan puesto estándares bastante altos para que Juntas de Prevención de Disputas y centros de arbitraje puedan resolver controversias en contrataciones públicas. Entre ellas, que sus miembros tengan tres años como mínimo de experiencia en materias similares.

“Debería, más bien, abrirse el mercado a que otros gremios y empresas puedan ofrecer menores costos al mismo Estado y el privado”, reitera Candela.