Si bien un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) ratificó la autonomía de las municipalidades para definir las zonificaciones de sus distritos (Gestión 21.06.2023) y con ello determinar si permiten o no el desarrollo de Viviendas de Interés Social (VIS), algunas comunas siguen preocupadas por un avance desordenado de la expansión inmobiliaria y ahora apuntan a la figura de los revisores urbanos.
Para acelerar el proceso de obtención de licencias de edificación, desde el 2019 operan los revisores urbanos -tras una norma impulsada por el Ministerio de Vivienda- a los cuales pueden acudir los desarrolladores inmobiliarios. El revisor urbano verifica que los proyectos de habilitación urbana, anteproyectos y proyectos de edificación cumplan las disposiciones urbanísticas y edificatorias vigentes.
Los municipios señalan que han encontrado varias irregularidades en la conformidad dada a los proyectos por los revisores urbanos. A inicios de junio, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra los revisores urbanos.
“Nos obligan a dar una licencia sin ser revisada (…). La Ley de Revisores Urbanos nos convierte en una mesa de partes. Eso no es constitucional porque la Constitución dice que nosotros somos autónomos. Nosotros no podemos ser la mesa de parte de nadie(Gestión 12.06.2023)”, criticó.
La preocupación está en que, según los alcaldes, los revisores urbanos se muestran flexibles al evaluar los proyectos inmobiliarios. “Hemos encontrado deficiencias en las aprobaciones de anteproyectos, realizados por los revisores urbanos. Por ejemplo, tenemos uno con 15 pisos, en el que se permiten solo ocho”, señaló al respecto Marco Álvarez, alcalde de San Borja (Gestión 01.07.2023).
Por su parte el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, refirió que se ha desnaturalizado el objetivo de los revisores urbanos, de descongestionar la carga de los municipios, hacia una aprobación sin control de los proyectos inmobiliarios. “Los constructores traen a los revisores urbanos para que aprueben sus proyectos, elevando alturas, y sin evaluaciones de impacto en la zona. Están siendo mal utilizados por los edificadores”, subrayó.
Es por ello que adelantó que su comuna alista una ordenanza para limitar el accionar de los revisores urbanos. “No buscamos prohibirlos, sino regularlos. Para que intervengan en proyectos pequeños, de cinco a seis pisos, pero no para las grandes edificaciones, pues sino le sacan la vuelta a la ley”, anotó Canales.
Cabe recordar que hace unos días Miraflores modificó una ordenanza para reducir aún más las zonas donde permitirá el desarrollo de la vivienda de interés social.
Canales refiere que los reclamos hechos por los municipios al Ministerio de Vivienda por las irregularidades encontradas en el accionar de los revisores urbanos son “un saludo a la bandera”. “El ministerio se demora en responder meses, años. Y cuando lo hace, el proyecto ya se construyó, ya se vendió, ya no se puede demoler”.
Por su parte Ricardo Endo Sasaki, presidente de la Asociación de Revisores Urbanos del Perú, respondió a las críticas y señaló que ellos cumplen en aplicar las normativas de edificación dispuestas por los propios municipios. “No incumplimos las ordenanzas ni flexibilizamos los parámetros”.
Refirió que una muestra de que vienen actuando reglamentariamente es que de los 3,700 expedientes tramitados a nivel nacional desde el 2019, solo dos han sido observados por el Ministerio de Vivienda.
Asimismo, destacó los beneficios de la figura de los revisores urbanos, pues indica que una licencia aprobada por la vía tradicional de la Comisión Técnica Municipal toma en promedio 180 días, mientras que a través de los revisores urbanos el tiempo es de unos 65 días promedio. “Eso muestra la eficiencia de los revisores urbanos, pues tenemos proactividad. En los municipios, los plazos se dilatan. La crítica de los municipios es más por un tema político”.
Respecto a la propuesta de Miraflores de limitar el accionar de los revisores urbanos, señaló que ello iría en contra de la ley. “Tenemos las mismas competencias que la municipalidad”, anotó Endo.
El dato. Son 220 los revisores urbanos acreditados en el Ministerio de Vivienda, indicó la Asociación de Revisores Urbanos del Perú. Los requisitos son ser ingeniero o arquitecto con cinco años de experiencia y aprobar un curso de especialización que brinda el ministerio.
