Si bien el anterior titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, había incluido al proyecto del SIT-Gas (ex Gasoducto Sur Peruano) como una de las alternativas para proveer de gas natural al sur del país, el nuevo titular de la cartera, Rómulo Mucho, habla de “analizar” esa iniciativa estatal.
El contrato para desarrollar ese ducto, suscrito por un consorcio integrado por Odebrecht S.A., Enagas Internacional y Graña y Montero, durante el Gobierno de Ollanta Humala, fue rescindido a inicios del 2017, cuando tenía un avance en sus obras de cerca del 37%, tras conocerse el escándalo por el caso Lava Jato que involucró a la firma brasileña.
Luego, en los gobiernos posteriores, se encargó al Minem reformular el proyecto trunco, y tras varios estudios encargados a consultoras internacionales, finalmente se encargó a ProInversión su promoción, aunque esa agencia hasta ahora no ha definido un cronograma para su licitación.
En tanto, dos miembros del citado consorcio, Enagas primero, y luego Odebrecht, demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para que este le reconozca una inversión que estimaron en cerca de US$2,000 millones, que incluían -entre otros- el avance en su construcción más la adquisición de los respectivos activos.
Posición del nuevo titular del sector
El ministro Mucho consideró que se trata de un proyecto muy complejo. Recuerda que esto se advirtió desde el inicio, cuando se hablaba del GSP y se le asignó un presupuesto inicial de cerca de US$7,500 millones.
Si bien el Minem redefinió ese proyecto -el GSP-en el Sistema Integrado de Transporte de Gas – Zona Sur del Perú (SIT-Gas), con una inversión menor (de US$4,320 millones), el ministro objetó que se trata de una iniciativa con menor capacidad que el inicialmente proyectado (sin ramales desde el ducto troncal a ciudades del sur).
“Habrá nuevamente que analizar a fondo (este proyecto), porque los tubos (que lo conforman) ya están comprados”, aseveró.
Costo adicional para el Estado
Mucho indicó que hay que considerar que al Estado le cuesta cerca de US$80 millones (anuales) el resguardar esos activos. Aún así, los materiales (para su construcción) se deterioran.
Sobre el tema, el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, recordó que la incertidumbre generada por el arbitraje planteado contra el Estado por dos miembros del consorcio antes citados se debe resolver antes de junio del presente año, porque así lo anuncio el Ciadi.
“En el primer semestre del 2024 el Ciadi estaría dando su veredicto final, lo cual permitirá definir este tema, y tendremos el parámetro que se necesita para continuar con la construcción del gasoducto”, anotó.
Además, consideró que hay poca posibilidad de que el arbitraje resulte favorable a las mencionadas empresas, dado que el contrato para el gasoducto sur, fue el primero en incorporar una cláusula anticorrupción como causal para su rescisión.
El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos, observó que, aún si el Perú supera las trabas legales (arbitraje) en torno al proyecto del gasoducto al sur, hay otro problema por resolver, pues al tratarse de una iniciativa cofinanciada, el Estado tendría que poner recursos para su ejecución.
Demanda
Ríos refirió que tal iniciativa no es autosostenible, dada la escasa demanda de gas que hay en el sur, en tanto que desarrollar una petroquímica en esa parte del país, podría demorar entre ocho a diez años.
No obstante, para Ochoa, no sería viable dejar trunco el proyecto del gasoducto al sur, por cuanto ya tiene una demanda asegurada, en el nodo energético del sur (que lo conforman dos plantas de generación térmica en Ilo y Mollendo).
Esas plantas son duales (operadas con gas y diésel), pero si no tienen gas, operan con el citado derivado del petróleo, que resulta más caro, y que ya el último año fueron empleadas, resultando en mayor costo para los clientes libres del mercado eléctrico.
