La propuesta de crear un nuevo Ministerio de Infraestructura pone énfasis en mejorar la eficiencia del gasto público; sin embargo, su implementación podría generar un costo administrativo adicional de al menos 169 millones de soles al año.

Según información de El Comercio, el gasto administrativo que implicaría este nuevo ministerio sería seis veces mayor al promedio anual de ProInversión, la entidad encargada de promover la inversión privada en los últimos cinco años, que ha sido de 27 millones de soles. Esto sugiere que el objetivo de eficiencia en el gasto público no se lograría con esta medida.

El informe también señala que el alcance de este nuevo ministerio abarcaría solo el 18% del presupuesto total de inversión, dejando fuera a las autoridades subnacionales, que son responsables del 60% de los recursos de inversión.

Por ejemplo, entre 2019 y 2023, los gobiernos locales solo ejecutaron el 60% de sus fondos de inversión, los gobiernos regionales el 68%, y el gobierno nacional alcanzó el 81%. Centralizar unidades ejecutoras en un nuevo ministerio, como Agro Rural, cuyo 21% del presupuesto se destina a infraestructura, implicaría mayores gastos administrativos, incluyendo personal, consultorías, mantenimiento, y otros costos operativos.

Actualmente, los ministerios destinan en promedio el 7,6% de su presupuesto a gastos administrativos, lo que equivale a 396 millones de soles anuales por ministerio. Este porcentaje es significativamente mayor en algunos casos, como en el Ministerio de Justicia (37,4%) y el Ministerio del Ambiente (30,3%), mientras que es solo del 1,6% en el Ministerio de Defensa.

Se estima que el Ministerio de Infraestructura tendría gastos administrativos similares a los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (4,6%), debido a su potencial presupuesto total, cercano a los 11 mil millones de soles, y la similitud en las áreas de inversión pública.

Por ello, se recomienda un debate más profundo sobre el planeamiento estratégico de la infraestructura pública en Perú.