Compañías constructoras chinas que son investigadas por haber obtenido contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el mandato del presidente Pedro Castillo iniciaron procesos arbitrales contra la entidad del Estado.

China Civil Engineering Construction Corporation y China Railway N° 10 Engineering Group, sometidas a escrutinio por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y de Lavado de Activos, son las que han requerido arbitrajes en la mayoría de casos para contradecir las decisiones del MTC. Por ejemplo, la ejecución de cartas fianza por el incumplimiento de contratos. También porque la entidad rechazó ampliar o modificar los plazos para la ejecución de obras públicas.

A las mencionadas constructoras también se suman China Railway Eryuan Engineering Group, China Harbour Engineering Company y Weihai Construction Company, de acuerdo con fuentes del MTC.

La República ha identificado 12 arbitrajes de constructoras chinas en curso contra el MTC, que involucran 11 contratos de obras públicas por un total de 1.112 millones de soles.

Han planteado arbitraje China Civil Engineering Construction Corporation y China Railway N° 10 Engineering Group, que consiguieron contratos con el MTC durante la gestión del exministro prófugo Juan Silva Villegas. Obtuvieron la buena pro en consorcio con Ingeniería Integración y Proyectos (INIP) y Grupo Constructor y Consultor Asociados (GC&CA), de los hermanos Roberto y Alexander Aguilar Quispe.

El representante de las constructoras chinas, Li Qinyong, y Alexander Aguilar Quispe sostuvieron un encuentro en el despacho del congresista acciopopulista Raúl Doroteo, el 13 de enero de este año, confirmándose la vinculación entre ambos. La Fiscalía de la Nación investiga a Doroteo como integrante del grupo conocido como ‘Los Niños’, que interactuaba con el presidente Pedro Castillo y el exministro Juan Silva.

Las empresas chinas mencionadas han difundido comunicados para desmentir que recurrieron a operadores del gobierno para ganar contratos con el MTC. También afirman que responderán a todas las citaciones de las autoridades que investigan el caso porque nada tienen que ocultar.

Lo cierto es que el representante del consorcio que formaban las constructoras Weihai Construction Group Company y China Railway Engineering Group N° 10, Chen Junkun, se encuentra prófugo desde que un juez puneño solicitó su detención. El consorcio incumplió con la construcción de un hospital por 329.3 millones de soles. China Railway Engineering Group N° 10, cuyo apoderado es Chen Junkun, es una de las empresas que se ha sumado a la lluvia de arbitrajes contra el MTC.

Estrategia a la vista

Las fiscalías hasta el momento han determinado que las empresas investigadas simulan competir entre ellas y presentan ofertas diferentes, pero las compañías están conectadas por el mismo interés.

Cuando se convocó a licitación del corredor Humajalso-Mazocruz, disputaron la obra el consorcio de China Civil Engineering Construction Group e INIP, de los Aguilar Quispe, frente al consorcio compuesto por China Railway Engineering Group N° 10 y GC&CC, también de los Aguilar Quispe.

Y en el caso del corredor Las Vegas-Huancayo, concursó individualmente China Railway Tunnel Group contra su socio en otra licitación, INIP, de los hermanos Aguilar Quispe, que intervino en sociedad con China Civil Engineering Construction Corporation. Esta empresa se ha sumado a la lluvia de arbitrajes contra el MTC.

Modus operandi chino

Es decir, se repartían entre ellos las adjudicaciones de obras públicas de Provías Nacional y Provías Descentralizado, que controlaba el exministro Juan Silva. El procurador del MTC, David Ortíz Gaspar, mencionó a La República que los arbitrajes son otra modalidad de los chinos.

“Las pretensiones recurrentes (de las constructoras chinas) están vinculadas a reclamos millonarios sobre las materias de ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores gastos generales, resolución y nulidad de contrato”, explicó Ortíz.

“De acuerdo con la ley de contrataciones con el Estado y la ley de arbitraje, cualquiera de las partes puede iniciar un arbitraje sobre cuestiones determinadas por la norma. Es decir, en principio es lícito iniciar un arbitraje. El problema está cuando se utiliza el arbitraje para dar manto jurídico a pretensiones ilegales y de esa manera defraudar a los intereses del Estado”, señaló el procurador sobre el trasfondo de este tipo de práctica.

“En la casuística de la procuraduría pública del MTC, y, sobre todo, en los arbitrajes con las empresas chinas, hemos podido observar que estas empresas están utilizando el llamado ‘arbitraje de emergencia’ con bastante intensidad. Mediante este mecanismo logran obtener medidas cautelares bastante cuestionadas, que limitan gravemente los derechos legales y contractuales de la entidad”, indicó el procurador del MTC sobre el modus operandi de las constructoras chinas.

Estas son empresas estatales y reciben millonario respaldo financiero de bancos chinos, lo que les permite contar con una enorme ventaja respecto a sus competidores.

Sin embargo, también apelan a otros recursos como los arbitrajes y las medidas cautelares, para intentar contradecir las decisiones del MTC. Por ejemplo, cuando resuelve un contrato por incumplimiento.

Así lo explicó el procurador David Ortíz:

“De acuerdo con el análisis de los casos del MTC, hemos podido determinar que estas empresas chinas están valiéndose de medidas cautelares irregulares, que perjudican a los intereses del Estado”, respondió.

“Por ejemplo, mediante medidas cautelares dictadas de manera exprés por árbitros de emergencia y jueces, atan de pies y manos al MTC. Es decir, el Estado se ve limitado en sus competencias legales y contractuales de resolver o declarar la nulidad de un contrato, ejecutar cartas fianzas con montos millonarios, intervenir económicamente en la obra o tramitar el saldo de la misma. Al respecto, la procuraduría publica del MTC está actuando de manera diligente y logrando que cada una de las medidas cautelares irregulares queden sin efecto”, esclareció.

Recientemente, la Procuraduría del MTC consiguió anular dos cautelares, una de China Railway Group N° 10, por una obra de 40 millones de soles, y otra de China Railway Eryuian Engineering Group, por un servicio de 9 millones de soles. 

En los dos casos el MTC descubrió que incumplieron los contratos, y para suspender la medida recurrieron a una jueza que rápidamente les dio la medida cautelar para que los contratos sigan vigentes.

Justamente, China Railway Group N° 10 es una de las compañías que ha iniciado arbitrajes para zafarse de la ley.

Así van los casos en las fiscalías

Como parte de sus declaraciones ante las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire, la empresaria Karelim López Arredondo fue quien señaló los contratos que las constructoras chinas obtuvieron del MTC con favoritismo, en el periodo de Juan Silva como titular del sector.

Roberto Aguilar Quispe, quien junto con sus hermanos maneja las constructoras peruanas que formaron consorcio con las chinas, asegura que no existieron irregularidades.

Sin embargo, Zamir Villaverde, el operador de las constructoras, ha entregado audios al Ministerio Público de sus conversaciones con el exministro Juan Silva. De los diálogos se desprende que Villaverde y Silva negociaban las adjudicaciones de obras públicas.

Las investigaciones fiscales indicarían que Zamir Villaverde era el reclutador de los empresarios, y que se vinculó con los hermanos Aguilar Quispe por intermedio del sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo. Roberto Aguilar lo niega. 

El dato

La empresa de Li Qinyong es investigada por sus vínculos con el exministro Juan Silva, Zamir Villaverde y Roberto Aguilar Quispe, socio de los chinos.