Es preocupante que un país con grandes carencias en agua potable, escuelas, hospitales, carreteras y demás infraestructura destinada a mejorar la calidad de vida de los peruanos, no ejecute sus presupuestos de inversión en su totalidad. En efecto, tanto el gobierno nacional como los subnacionales año a año devuelven, en promedio, más del 30% de sus presupuestos de inversiones por no haberlos podido devengar a tiempo. Es decir, por no haber construido lo suficiente como para consumir los recursos asignados para este fin. Esta situación que se repite cada año ocasiona que las obras que el ciudadano requiere se concluyan con mucho retraso, o peor aún, nunca lleguen a ver la luz.
Según información de Contraloría a enero del presente año había 2,369 obras paralizadas a nivel nacional, lo cual representa inversiones detenidas por S/ 22,453 millones. La situación informada por Contraloría deja evidencia palmaria de que el sistema de contratación de obra pública no está funcionando como el país lo requiere. Y los reiterados casos de corrupción destapados no hacen más que confirmar lo sugerido. Tal situación nos lleva a concluir que se necesita una nueva Ley de Contrataciones, así como un cambio drástico en la planificación, procesamiento, administración y ejecución de la contratación pública.
Por otro lado, hay programas que contribuyen significativamente en la mejora de la calidad de vida de las familias peruanas, que si ejecutan la totalidad de sus presupuestos todos los años; me refiero a los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio desarrollados por privados con el apoyo del Fondo Mivivienda y del Ministerio del sector. Estos dos programas ejecutan sus recursos varios meses antes de que acabe el año y en ocasiones como la actual, antes de que culmine el primer semestre. Es el caso que a la fecha el presupuesto anual para bonos que otorga el Fondo Mivivienda a las familias de menores recursos para que puedan adquirir su vivienda, se encuentra agotado.
Los programas mencionados se han convertido en una buena alternativa al modelo que se ha impuesto en el país durante los últimos 60 años, es decir al del crecimiento de las ciudades por invasión y tráfico de tierras, en lugar de un crecimiento planificado. Ese modelo nefasto ha sido el causante del desorden de las ciudades, del fomento a la violencia, y sobre todo del que hoy muchas familias vivan en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y en situación de alta vulnerabilidad ante la posibilidad de desastres naturales.
Por el contrario, el modelo formal apoyado por subsidios: ahorra dinero al Estado, ya que la urbanización, conexiones eléctricas y de agua y desagüe las construye el privado a su costo; ayuda en el desarrollo de mejores familias y ciudadanos; brinda oportunidades de bienestar y crecimiento a más peruanos; y dinamiza la economía, generando retornos importantes en impuestos al fisco. Siendo así, nos preguntamos: ¿por qué se deja a la vivienda tan relegada al momento de diseñar los presupuestos públicos cada año?
El Ministerio de Vivienda no tendría que estar buscando apuradamente los recursos, o persiguiendo a las autoridades del Ministerio de Economía para obtener los presupuestos necesarios a mitad de cada año fiscal, como hoy sucede. El país requiere un Plan Nacional de Vivienda más ambicioso, con una Ley de Financiamiento Habitacional que disponga los recursos necesarios de forma multianual para tal fin. He ahí una alternativa de inversión rentable para el Estado y beneficiosa para el país; solo es cuestión de visión por parte del gobierno.
Jorge Zapata – Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco)
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