La declaración de la presidenta Dina Boluarte sobre la necesidad de destrabar proyectos e iniciativas de infraestructura como una prioridad de su gestión este año evidencia la urgencia de atender un problema crónico en el Perú: la paralización de obras públicas. Este fenómeno no solo frena el desarrollo económico, sino que también perpetúa la desigualdad al impedir que las comunidades más necesitadas accedan a servicios básicos como agua potable, educación, salud y transporte.
El mensaje llega en un contexto en el que las brechas sociales y territoriales son más visibles que nunca. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 25.2% de la población peruana vive en condiciones de pobreza, con regiones rurales especialmente afectadas. Sin infraestructura funcional, estas cifras difícilmente podrán reducirse. Por lo tanto, destrabar proyectos no es solo un tema técnico, sino también una acción fundamental para mejorar la calidad de vida de millones de peruanos.
Un factor clave señalado por la Presidenta es la necesidad de articulación entre instituciones. La invitación al Poder Judicial y a la Contraloría a sumarse a este esfuerzo resulta pertinente, ya que muchas paralizaciones de obras tienen origen en problemas legales o administrativos. Litigios por terrenos, denuncias por corrupción y trabas burocráticas han sido históricamente los principales obstáculos. Sin embargo, para que esta coordinación sea efectiva, es imprescindible que cada actor cumpla su función con transparencia y celeridad.
El papel de los gobiernos regionales y locales también es determinante. Según la Contraloría, a finales del 2024 se contabilizaban más de 1,500 obras públicas paralizadas, con un valor aproximado de 20,000 millones de soles. Muchas de estas se hallan bajo la responsabilidad de instancias subnacionales, en las que la falta de capacidad técnica y la corrupción han sido problemas recurrentes. El compromiso asumido por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, de coordinar con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, representa un paso acertado. Sin embargo, esta coordinación debe traducirse en acciones concretas: capacitación técnica, supervisión permanente y sanciones efectivas para quienes actúen de manera negligente.
Es crucial, además, abordar el problema desde una perspectiva integral. Destrabar proyectos no debe limitarse a concluir obras pendientes, sino a planificar infraestructura con un enfoque de sostenibilidad y equidad. Esto implica priorizar proyectos en regiones históricamente desatendidas y garantizar que estos respondan a las necesidades reales de la población.
Finalmente, el éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad política y de un liderazgo firme del Ejecutivo. En un país donde la percepción de ineficiencia estatal es alta, cumplir con este compromiso no solo significará mejorar la infraestructura, sino también recuperar la confianza ciudadana en el Estado. Este será, sin duda, uno de los mayores retos del gobierno de la presidenta Boluarte.
