A pesar de los avances logrados en los últimos dos años por ProInversión en la adjudicación de proyectos de asociaciones público-privadas (APP), aún existen importantes iniciativas de infraestructura pública que continúan siendo postergadas. Entre estas se encuentran proyectos esenciales como el de Obras de Cabecera, que busca aumentar el volumen de agua para Lima y Callao, así como el Parque Industrial de Ancón y la Carretera Longitudinal de la Sierra, tramo 4.
El Proyecto de Obras de Cabecera, que cuenta con un presupuesto de US$480 millones, había sido planificado para adjudicarse en el tercer trimestre de 2024, pero recientemente se ha retrasado hasta 2025. Este proyecto, encargado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo mejorar el acceso al agua potable para 1.5 millones de habitantes en las zonas este y sur de Lima.
Las obras incluyen la mejora de las represas Pomacocha y Huallacocha Bajo, un túnel de 10 kilómetros desde Pomacocha al río Blanco, y la planta Huachipa II, entre otros. Sin embargo, este proyecto había sido cancelado en agosto de 2023 y se reconfiguró para su relanzamiento a finales de ese año.
La necesidad de este proyecto es apremiante, ya que el país enfrenta sequías recurrentes. Los déficits de lluvias provocados por fenómenos climáticos como La Niña y El Niño han dejado a los grandes lagos del centro con niveles de agua por debajo de lo normal. Por ejemplo, el Lago Junín se encuentra solo al 40.51% de su capacidad habitual.
Otro proyecto relevante es el Parque Industrial de Ancón, cuya adjudicación se espera para diciembre de este año, tras haber sido retrasada varias veces. La inversión prevista para este parque es de US$762 millones, y su convocatoria fue lanzada hace cuatro años.
Además, la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 también ha visto prolongado su plazo de entrega, que originalmente estaba programado para el tercer trimestre de 2024, y ahora se espera para diciembre. Este proyecto implica la rehabilitación y construcción de una vía de 900 kilómetros que conectará varias regiones del país.
El proyecto del SIT-Gas, que debía continuar las obras del gasoducto sur andino, tampoco ha avanzado. Con un costo estimado de US$4,320 millones, este proyecto aún no tiene fecha de adjudicación definida, a pesar de que se esperaba que su concurso se lanzara en el segundo semestre de 2023.
En total, estos cuatro grandes proyectos suman una inversión de US$6,591 millones en APP que siguen sin adjudicarse. Al cierre de este artículo, ProInversión no había respondido a consultas sobre las razones de estas postergaciones.
Es importante resaltar que el Perú enfrenta una brecha de infraestructura de acceso básico que se estima en S/363,000 millones para 2038, equivalente al 39% del PBI. La presidenta de AFIN, Leonie Roca, enfatizó que cerrar esta brecha requiere más que solo construir infraestructura; es necesario mantener y operar adecuadamente estas obras.
Roca sugirió que ProInversión debería fortalecerse y contar con capacidades de seguimiento de contratos, además de avanzar en programas más agresivos de APP. También propuso la creación de un nuevo Ministerio de Infraestructura para consolidar el desarrollo de obras públicas en el país.
