Según información de la Contraloría General de la República (CGR), al cierre de junio, en el país había 2,346 obras paralizadas, las cuales suman un total de S/ 29,732 millones, recuerda Comex.

Según nivel de Gobierno, los locales tienen 1,704 obras paralizadas, con un valor total de S/ 6,983 millones; seguidos por el Gobierno nacional (368 obras; S/ 9,893 millones) y los regionales (274 obras; S/ 12,854 millones).

A nivel desagregado, los departamentos con mayor número de obras paralizadas son Cusco (412 obras), Puno (266) y Lima (157).

Por otro lado, al comparar según montos de inversión de las obras paralizadas, La Libertad lidera la lista, con un total de S/ 4,684 millones; seguida por Arequipa (S/ 3,111 millones) y Cusco (S/ 2,782 millones).

En tanto que al cierre de agosto, de las 485 obras paralizadas que hay en Cusco, 92 obras se ubican en la provincia de La Convención (19% del total), 71 en la provincia de Calca (15%) y 50 en Chumbivilcas (10%).

Por su parte, hay 329 obras paralizadas en Puno, de las cuales 76 están localizadas en la provincia de Chucuito (23% del total), 75 en la provincia del Collao (22%) y 35 en la provincia de Puno (11%).

Entre las principales razones que explicarían las paralizaciones, según la CGR, están la falta de recursos financieros, el incumplimiento de contratos, los eventos climáticos y las discrepancias, controversias y arbitrajes.

Sin embargo, Comex subraya que la versión de falta de liquidez resulta cuestionable si consideramos los ratios de ejecución presupuestal en los distintos niveles de Gobierno.

En los últimos años, en promedio, se ha dejado de ejecutar un tercio de los recursos destinados para proyectos de inversión pública (alrededor de S/ 17,000 millones). Al primer semestre del año, por ejemplo, los Gobiernos locales y regionales habían ejecutado apenas el 28% y el 24% de su presupuesto para ese fin.

“Entonces, ¿hacen falta mayores recursos?, ¿cuántas de las obras paralizadas son producto de estudios de preinversión y expedientes técnicos de baja calidad? ¿Cuántas de las demoras están vinculadas a procesos de corrupción?”, cuestionó el gremio.

Recordó que una de las propuestas presentadas para enfrentar el problema durante la ejecución de las obras por el Consejo Privado de Competitividad es la creación de una entidad especializada para la ejecución de obras a nivel regional con una visión colaborativa entre el Estado y el sector privado.

“Basta de normalizar la paralización de obras en nuestro país. Un proyecto paralizado puede ser un colegio, un hospital o una carretera que la población deja de tener, lo que posterga su uso y eventual beneficio para su calidad de vida”, puntualizó.