Contraloría halló irregularidades por US$ 36.8 millones en concesión del tramo 2 de Longitudinal de la Sierra

Feb 3, 2022

La Contraloría identificó una serie de irregularidades en la elaboración y ejecución del contrato de concesión del Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, que une diversas zonas de las regiones de Cajamarca y La Libertad, que ocasionaron un perjuicio económico de US$ 36.8 millones por el uso de recursos públicos para realizar el Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) y el Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI) pese a no realizarse contraprestaciones o sin ejecutarse obras por parte del concesionario.

También se produjo otro perjuicio económico valorizado en S/ 31.9 millones debido a los mayores gastos generales ocasionados por la demora en la entrega de los sub tramos de la concesión. También se benefició al concesionario con la suma de US$ 1.9 millones provenientes de recursos recaudados para el pago de actividades de operación y mantenimiento sin contraprestación efectiva.

Esta auditoría de cumplimiento fue practicada a ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

El contrato de concesión de la “Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2″ comprende las vías Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple, Cajamarca – Trujillo y Dv. Chilete – Emp. PE-3N, fue suscrito el 28 de mayo de 2014 por un plazo de 25 años, lo cual iba a significar una inversión referencial de US$ 270.9 millones.

La concesión está conformada por 18 sub tramos, de los cuales dos son para que el concesionario realice Rehabilitación y Mejoramiento (RyM), ocho para que se ejecute el Mantenimiento Periódico Inicial (MPI), y otros ocho para que se efectúe la Operación y Mantenimiento (OyM).

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 24135-2021-CG/APP-AC, cuyo período de evaluación es del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020, Proinversión elaboró la versión final del contrato de concesión y, sin contar con un análisis de sustento, consignó unilateralmente los plazos máximos para la entrega de los 18 sub tramos al concesionario, plazos que no fueron comunicados expresamente por el MTC durante el diseño de dicho contrato y que resultaban inconsistentes con la documentación proporcionada por dicho ministerio sobre las intervenciones a su cargo, las mismas que debían ejecutarse antes de dar los sub tramos al concesionario.

Además, Provias Nacional emitió opinión favorable sobre el contrato sin contar con un análisis o informes de las áreas competentes que sustente su conformidad a los plazos establecidos. Todo ello generó el incumplimiento del plazo de entrega de 12 de los 18 sub tramos.

Los 18 sub tramos de la concesión son: Chiple – Cutervo, Cutervo – Cochabamba, Cochabamba – Chota, Chota – Hualgayoc, Hualgayoc – Dv. Yanacocha, Dv. Yanacocha – Cajamarca, Cajamarca – Km 1269+00, Km 1269+00-San Marcos, San Marcos – Cajabamba, Cajabamba – Sausacocha, Sausacocha – Huamachuco, Huamachuco – Dv. Callacuyan, Dv. Callacuyan – Shorey, Shorey – Dv. Otuzco, Dv. Otuzco – Trujillo, Ciudad de Dios – Dv. Chilete, Dv. Chilete – Cajamarca y Dv. Chilete – Emp. PE-3N.

Respecto a los dos sub tramos para RyM (Chiple-Cutervo y Cutervo Cochabamba), el concedente efectuó una entrega parcial de las áreas de terreno de dichos sub tramos al concesionario en el año 2014, con las cuales inició sus labores de rehabilitación y mantenimiento.

No obstante, el informe señala que al 10 de enero de 2021 seguía pendiente la entrega al concesionario de 29.36 km de estos sub tramos, lo que corresponde a 1022 predios, de los cuales solo se habían liberado 280.

Este hecho ocasionó que se hayan otorgado ampliaciones de plazo y se reconozcan mayores gastos generales a favor del concesionario, que incluyó gastos relacionados a una suspensión de obligaciones por fuerza mayor, sin sustento legal ni contractual. Los mayores gastos fueron calculados, según acuerdo entre las partes, por un perito, quien determinó que ascendían a S/ 54′079,880.03.

A pesar de la opinión de los especialistas técnicos, abogados y economistas de la Dirección de la Inversión Privada del MTC de que dicho cálculo era incongruente, ya que no se respetaba los alcances y exigencias del contrato de concesión ni el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) de RyM, el concedente desconoció dicho pronunciamiento y decidió pagar la suma de S/ 31′902,633.53 a favor del concesionario, reconociendo a este último el derecho de acudir al arbitraje por la diferencia.

-Persiste falta de entrega de terrenos-

El informe de la Contraloría señala que ante la persistencia del incumplimiento en la liberación y entrega de áreas, las partes acordaron la suspensión de obligaciones relacionadas a la ejecución de dichas obras, lo cual está vigente hasta fecha y afecta la prestación del servicio a los usuarios.

A ello se suma que se generó un perjuicio económico al Estado por el pago al concesionario de aproximadamente US$ 2′710,568 por actividades de operación y mantenimiento sin contraprestación efectiva del concesionario.

Asimismo, se generó un beneficio al concesionario por actividades de operación y mantenimiento no realizadas por aproximadamente US$ 218,975, lo cual fue pagado con peajes. Adicionalmente, tal situación viene impidiendo que se recauden peajes en una nueva garita por un monto estimado de US$ 932,000, que hubiera reducido el cofinanciamiento del Estado para los pagos de la concesión.

-Más incumplimientos-

La comisión auditora verificó que respecto a los ocho sub tramos OyM, el concedente incumplió los plazos máximos de entrega de los mismos, previstos entre los años 2014 y 2015, ya que recién en el año 2018 entregó siete de los ocho sub tramos OyM al concesionario, pero con suspensión de obligaciones relacionadas a niveles de servicio, mientras que el sub tramo restante no ha sido entregado al concesionario hasta la fecha.

Tal situación viene afectando la prestación del servicio en la vía a los usuarios y ha generado un perjuicio económico al Estado por el pago al concesionario de la suma de aproximadamente US$ 15′655,861 y un beneficio al concesionario por la suma estimada en US$ 1′278,159 que fue pagado con peajes. Ambos pagos se realizaron por actividades de operación y mantenimiento sin contraprestación efectiva del Concesionario.

Esta situación también afecta a los usuarios de la concesión que, por más de siete años y tres meses desde firmado del contrato de concesión, aún no tienen a su disposición una vía que cuente con los niveles de servicio y servicios obligatorios establecidos en el contrato de concesión. A su vez, ello viene dilatando la recaudación de peajes en cuatro nuevas garitas por un monto estimado de US$ 14′849,000 que hubiera reducido el cofinanciamiento del Estado para los pagos de la concesión.

Con relación a los sub tramos MPI, el concedente incumplió con entregar dos de los ocho sub tramos MPI al concesionario en el plazo señalado, de los cuales uno fue entregado con 110 días calendario de atraso y el otro no ha sido entregado a la fecha, lo que afecta la ejecución del MPI en este último.

Adicionalmente, la auditoría reveló que, con opinión favorable del regulador, el concedente aprobó los expedientes técnicos para el MPI presentados por el concesionario, pese a que estos incumplían con el Índice de Rugosidad Internacional o IRI (parámetro técnico que representa la regularidad superficial de un pavimento y afecta la operación vehicular), exigido en el contrato de concesión.

De igual manera, al haber aprobado los expedientes técnicos del MPI con una longitud menor a la establecida en el control, el concedente ocasionó que durante su ejecución se otorgue derechos de cobro al concesionario por un monto estimado en aproximadamente US$ 12′247,993.80 por obras que no ha ejecutado.

El concedente también modificó irregularmente, mediante trato directo, el parámetro de rugosidad exigido en el contrato de concesión, modificando dicho contrato sin cumplir la normativa aplicable, reduciendo los niveles de servicio, conllevando a la aprobación de la modificación de dichos expedientes técnicos y a que posteriormente la obra sea rechazada, situación que se mantiene hasta la fecha de cierre de la auditoría.

Como resultado de ello, se ocasionó un perjuicio económico al Estado por el pago al concesionario de aproximadamente US$ 6′208,612 y un beneficio al concesionario estimado en US$ 478,661 pagado con peajes, ambos pagos se efectuaron por actividades de operación y mantenimiento sin contraprestación efectiva del Concesionario.

Ello viene impidiendo que se recauden peajes en cuatro nuevas garitas por un monto estimado de US$ 18′580,000, lo que hubiera reducido el cofinanciamiento del Estado para la concesión.

Estos hechos expuestos también han ocasionado que, a más de cuatro años de la fecha inicialmente establecida para la puesta en servicio de los sub tramos MPI (año 2017), los usuarios aún no tengan una vía disponible con cumplimiento de niveles de servicio establecidos en el contrato de concesión.

-Responsabilidades-

El informe de la Contraloría determina presunta responsabilidad en 13 funcionarios y exfuncionarios de Provias Nacional, MTC y Ositran, de los cuales nueve tienen presunta responsabilidad civil, tres tienen presunta responsabilidad penal y uno tiene responsabilidad administrativa.

También recomienda comunicar al titular del MTC los resultados del informe para que disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad de los funcionarios involucrados. Además se plantea poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra las personas involucradas.