- El sector creció 4.8% hasta agosto de 2024, impulsado principalmente por la obra pública, que aumentó un 20.1%.
- Se espera que la construcción crezca entre 3.2% y 3.7% al cierre del 2024, por mejor desempeño de APPs, obras por impuestos, inversión minera y vivienda no social. Mejora en las expectativas empresariales ayudarían a incrementar la inversión.
- Los créditos del Fondo MiVivienda cayeron un 31.1% entre enero y agosto, sobre todo por medidas administrativas e insuficiencia de recursos para subsidios.
- CAPECO considera erradas y contraproducentes la propuesta de creación del Ministerio de Infraestructura, la utilización indiscriminada de los acuerdos Gobierno a Gobierno y la posibilidad de fusionar el Ministerio de Vivienda y el MTC
- El gremio constructor afirma que la incertidumbre política se incrementará con el inicio de la campaña electoral en abril de 2025. Propone un Pacto Político y Social como “hoja de ruta” para el próximo gobierno.
- En Lambayeque, los problemas clave incluyen la proliferación de lotizaciones informales y la necesidad de un plan hidráulico integral para mejorar la gestión del agua y garantizar el desarrollo agrícola.
La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) presentó el Informe Económico de la Construcción N° 81, en el que brindaron análisis profundo sobre la evolución del sector construcción en el Perú. En esta edición se destacaron tanto los avances en la obra pública como los retos persistentes que afectan al sector, como la inversión en vivienda social, el estancamiento del empleo y las propuestas de creación de un Ministerio de Infraestructura.
Crecimiento del Sector en el último periodo
El PBI del sector construcción mostró señales de recuperación, registrando un crecimiento del 4.8% hasta agosto de 2024. Esto representa una mejora notable tras meses de estancamiento, impulsado principalmente por el aumento de la obra pública en un 20.1%. Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO, señaló que “este repunte es alentador, pero persiste la incertidumbre”.
El Banco Central de Reserva (BCR) estima un crecimiento del 3.2% para el sector al cierre del año, cifra que CAPECO considera factible dado el comportamiento alcanzado por el sector hasta el mes de agosto. Sin embargo, las estimaciones privadas apuntan a un crecimiento ligeramente mayor, del 3.7%, basado en el desempeño de las asociaciones público-privadas (APP), las obras por impuestos, la inversión minera y la venta de vivienda no social.
El crecimiento del sector en 2024, sin embargo, no alcanza para revertir los resultados del año anterior, en el que la construcción experimentó una caída de casi 8% debido a la desaceleración económica y las restricciones derivadas de la pandemia.
A pesar de los buenos resultados en la obra pública, Valdivia advirtió que «necesitamos un mayor impulso en la inversión privada para asegurar un crecimiento más equilibrado y sostenido«.
Inversión Pública y Privada
Entre enero y agosto de 2024, la ejecución de la inversión pública aumentó un 25.5%, con un desempeño particularmente fuerte en las regiones, donde la ejecución subió un 55.3%. A nivel municipal, la ejecución creció un 25.2%, mientras que el gobierno nacional registró un alza del 13.1%. Si la tendencia se mantiene, la ejecución total de la inversión pública cerraría el año en un 64.7%, dejando de invertir aproximadamente S/ 24,700 millones. En cuanto a la inversión privada, CAPECO presenta un panorama mixto. El BCR proyecta un crecimiento del 4.1% para el 2025.
Desafíos en la Vivienda Social
El informe resalta que la vivienda social presenta resultados negativos en 2024. Entre enero y agosto, el desembolso de créditos del Fondo Mivivienda cayó un 31.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El nivel de actividad en el sector informal también ha disminuido debido a la merma en los ingresos familiares. Valdivia enfatizó que “si bien ha sido muy positivo que el gobierno haya presupuestado S/ 1,500 millones en subsidios para 2025, es crucial recuperar el financiamiento para programas como Techo Propio y asegurar un mejor control sobre la modalidad de Sitio Propio”.
La reducción de los créditos hipotecarios bajo estos programas se atribuye a varios factores. En primer lugar, la decisión del Ministerio de Vivienda de retirar el fondeo del rango 5 de MiVivienda ha restringido el acceso al financiamiento para viviendas de bajo costo, afectando principalmente a los segmentos de menores ingresos. Además, la insuficiencia de recursos asignados a los subsidios de Techo Propio ha contribuido a que menos familias puedan beneficiarse de este programa.
De acuerdo al último IEC, el sector de la vivienda social enfrenta importantes desafíos para los próximos años, especialmente si no se logran articular mejor los programas de subsidios con la oferta de terrenos adecuadamente urbanizados. “La vivienda social es un componente clave para la equidad y el desarrollo urbano, y no podemos permitir que continúe rezagada por falta de recursos y planificación”, advirtió el Director Ejecutivo de CAPECO.
Sobre el Ministerio de Infraestructura y los acuerdos Gobierno a Gobierno
El informe vuelve a hacer hincapié en uno de los temas más conversados: la propuesta de crear un Ministerio de Infraestructura, iniciativa que ha generado diversas reacciones en el sector. CAPECO expresó nuevamente su desacuerdo con la centralización de la ejecución de obras públicas en una sola entidad, argumentando que esta medida podría generar más ineficiencias.
“La experiencia con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIN) ha demostrado que centralizar funciones no garantiza mejores resultados. En lugar de mejorar la ejecución, podríamos enfrentar retrasos en la coordinación entre entidades y una mayor burocracia que afecte la ejecución de proyectos clave”, aseguró el Director Ejecutivo de CAPECO. La Cámara sugirió que, en lugar de centralizar, se deberían fortalecer las capacidades de las regiones y mejorar la descentralización de competencias.
“También, el mito de los acuerdos Gobierno a Gobierno está siendo desmentido por la realidad. Se ha convertido lo que era excepcional en algo cotidiano y ya estamos viendo problemas en varias obras como el aeropuerto de Chinchero, la carretera central o el hospital Lorena del Cusco. No se logran superar los problemas que padece la inversión pública y, en algunos casos, se crean nuevos”, advirtió Valdivia. En el informe también se indicó que si bien la nueva Ley de Contrataciones indica que los acuerdos G2G deben ser excepcionales, no indica claramente en qué casos debe recurrirse a dicho mecanismo.
Política de vivienda y organización del Poder Ejecutivo
El fallecimiento de Alberto Fujimori ha provocado una discusión pública sobre el legado de su gestión gubernamental. En lo que corresponde a la construcción, se le reconoce importantes iniciativas en el desarrollo de infraestructura: concesión de carreteras, provisión de obras de agua, construcción masiva de escuelas, modernización de los servicios de comunicación, aeroportuarios y de energía.
Parte importante de estas infraestructuras pudieron ser ejecutadas con la participación de operadores e inversionistas privados, lo que fue crucial en momentos en que el Estado carecía de recursos. También fue relevante que, para controlar la gestión de los operadores privados de estas infraestructuras, se implementó un sistema de control a través de organismos técnicos reguladores.
Pero, paralelamente, en los años noventa se dejó de lado la política de vivienda y desarrollo urbano, en la que el Perú ocupó un lugar de liderazgo desde los años cuarenta del siglo pasado. Se perdió todo el aparato de financiamiento habitacional (Banco Hipotecario, Banco de la Vivienda, Mutuales de Vivienda, Cooperativas) y se desnaturalizó el uso del FONAVI y la gestión del Banco de Materiales. El gobierno limitó la política habitacional a la titulación predial, a través de COFOPRI y la entrega de lotes mediante el PROFAM, lo que provocó un crecimiento muy significativo de las invasiones.
El punto crítico de este proceso fue la absorción del Ministerio de Vivienda por el MTC, reduciendo al mínimo sus competencias y recursos. Esta situación solamente pudo revertirse cuando, en el 2002, se ”recreó” el Ministerio de Vivienda y se aprobó el Plan Nacional “Vivienda para Todos”, que le concedía al sector privado la producción y el financiamiento habitacional, reservando al Estado un rol promotor, regulador y de control. Esta política se ha mantenido vigente por veintidós años, pese al cambio de gobierno. Es importante tener en cuenta esta experiencia, hoy que se pretende fusionar el MVCS y MTC. Sería un grave error regresar al pasado.
Retos y oportunidades para la construcción
La construcción necesita crecer a tasas superiores al 7% cada año, para reducir sustantivamente los déficits de infraestructura, equipamiento y vivienda. La reducción de las tasas de interés a nivel internacional genera mejores condiciones de financiamiento para la construcción y la vivienda.
Esta tendencia puede contribuir a la llegada de nuevas inversiones en infraestructura y vivienda, lo que se ve favorecido por las buenas gestiones que vienen desarrollando Proinversión y Mivivienda.
También es muy positiva la mejora en la perspectiva de la calificación crediticia del país por parte de Moody’s, pese a que en su evaluación reconoce las debilidades políticas e institucionales. Por otro lado, la disponibilidad de recursos estatales, pese al actual déficit, es un buen complemento para la inversión privada. Finalmente, es clave el rol que juega el Banco Central de Reserva en el mantenimiento de los fundamentos económicos del país.
Sin embargo, en abril del 2025 se convocan a elecciones generales, en la que se espera una gran dispersión de candidaturas presidenciales y al Congreso de la República, lo que podría agudizar la desconfianza en la marcha institucional del país y afectar la disposición de los ciudadanos y de las empresas a invertir.
Para reducir este riesgo, es imprescindible impulsar un amplio diálogo con el fin de consensuar un conjunto de medidas para abordar los problemas críticos del país, entre los cuales se encuentran: la informalidad de la economía; la inseguridad ciudadana, la recesión productiva y del empleo, la ineficiencia de la gestión estatal y la debilidad de nuestra institucionalidad democrática.
Se debe buscar que partidos e instituciones de la sociedad apunten a suscribir un Pacto Político y Social para llevar a cabo la agenda reformista para superar esta problemática, que deberá constituirse en la “hoja de ruta” para la gestión del próximo gobierno, sea quien sea el partido que llegue al poder
Para CAPECO queda claro, que solo este esfuerzo de consenso le dará un mínimo de gobernabilidad a las nuevas autoridades nacionales y permitirá que el próximo quinquenio sea el de la recuperación económica, social, moral e institucional del país.
Presentación de CAPECO Región Lambayeque: Desafíos Regionales
En esta edición del informe, los ingenieros Antonio Rabanal Rosales y Germán Mori Tuesta, representantes de CAPECO Región Lambayeque, presentaron un análisis de la situación en su región. Uno de los temas más preocupantes es la proliferación de lotizaciones informales, con más de 100 proyectos que carecen de servicios básicos como agua y electricidad. “Estos proyectos ilegales afectan a miles de familias y comprometen el desarrollo ordenado de Lambayeque. Es urgente modificar la normativa para frenar esta práctica y garantizar que los nuevos desarrollos cuenten con la infraestructura adecuada”, afirmó Rabanal.
Además, se discutió la necesidad de implementar un plan hidráulico integral para la región, con proyectos como La Calzada y La Montería, que ayudarían a mejorar la gestión de las cuencas hídricas y proteger las áreas agrícolas. Según Rabanal, “la descolmatación de los ríos es crucial para evitar que el agua se pierda en el mar y asegurar el desarrollo agrícola de la región”. También se mencionó el proyecto de recrecimiento de la Presa Limón, con un presupuesto de S/ 1,050 millones, como clave para ampliar la frontera agrícola.
La nueva Ley de Contrataciones del Estado ha tenido un impacto mixto en Lambayeque, afectando la ejecución de proyectos tanto a nivel regional como local. El ingeniero Germán Mori señaló que, si bien la ley busca mejorar la transparencia y eficiencia, en la práctica ha generado retrasos significativos en la adjudicación de obras debido a la complejidad de los procesos burocráticos. «El exceso de requisitos y la falta de personal capacitado en los municipios han hecho que muchos proyectos queden paralizados o se demoren más de lo necesario«, explicó Mori. CAPECO Lambayeque ha solicitado una revisión de la ley para adecuarla mejor a las realidades de las regiones, donde la capacidad técnica y administrativa es más limitada.
En líneas generales, el Informe Económico de la Construcción N° 81 muestra un panorama positivo para el sector en términos de crecimiento, impulsado principalmente por la obra pública, pero destaca los retos que persisten, especialmente en vivienda social, la ejecución de inversiones y la propuesta del Ministerio de Infraestructura. CAPECO aseguró que seguirá monitoreando estos temas de cerca, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible y eficiente en el sector construcción para los próximos años.