El secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Huánuco, Fredy Malpartida, respondió a las críticas sobre un presunto alineamiento con la gestión del gobernador regional y la falta de acciones frente a irregularidades en el sector. Aseguró que el sindicato mantiene su autonomía y que las decisiones responden a acuerdos internos de la organización.
Malpartida afirmó que el sindicato ha presentado más de 300 denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por incumplimientos en el pago de salarios, retención indebida de aportes a la AFP y ONP, y otras infracciones en diversas obras ejecutadas en la región.
Uno de los casos más graves es el de la obra de Illatupac, donde los trabajadores han denunciado que no reciben sus pagos desde el año pasado. Según Malpartida, este problema ha sido reportado ante las autoridades, y el sindicato se encuentra exigiendo una solución. También señaló que están demandando que proyectos como la colectora y Churubamba se ejecuten mediante administración directa, para evitar retrasos y posibles irregularidades.
Obras paralizadas y plantón sindical
El sindicato realizó un plantón en demanda del reinicio de tres proyectos clave: La Esperanza, 2 de Mayo y Ambo. Malpartida indicó que, aunque el inicio de obras estaba programado para el 2 de marzo, solo el proyecto de Ambo se reanudó, mientras que los otros dos siguen suspendidos. En el caso de La Esperanza, mencionó que la falta de un ingeniero residente y quejas de la población han impedido su avance.
Aseguró que los trabajadores serán reincorporados de manera progresiva, pero reconoció que no todos podrán volver de inmediato debido a la cantidad limitada de plazas disponibles. Antes de la paralización en diciembre, 110 obreros trabajaban en La Esperanza, pero hasta ahora solo han sido llamados 45.
Cuestionamientos sobre falta de fiscalización
Uno de los puntos más polémicos es la supuesta falta de fiscalización del sindicato a las obras ejecutadas por el gobierno regional. Malpartida rechazó estas acusaciones y afirmó que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales recae en las bases sindicales de cada provincia.
Además, se le cuestionó por posibles vínculos entre dirigentes sindicales y empresas contratistas que trabajan en proyectos públicos. Se mencionó específicamente el caso del dirigente Segovia, quien, según denuncias, tendría una empresa constructora participando en obras del gobierno regional. Malpartida negó tener conocimiento de este hecho y pidió pruebas antes de emitir una postura.
Finalmente, el secretario general defendió su gestión, acusando a ciertos sectores de generar especulaciones con intereses personales. Aseguró que las decisiones sindicales se toman con base en la participación de los afiliados y no bajo presiones externas.
