- Nivel de operaciones de empresas de la construcción se contrajo 9.2% en primer bimestre del 2022.
- Empresas esperaban contracción de 1.9% a final de año, pero la disminución podría ser mayor
- Precios de materiales de construcción aumentaron un 8.9% entre septiembre y febrero y se prevé alza de 5.7% en el siguiente semestre.
- Obras públicas seguirán cayendo: 25% de las licitaciones de obras convocadas desde el año 2016 han sido declaradas desiertas o nulas, inmovilizando una inversión de 51,756 millones de soles.
Lima, abril del 2022.- El último Informe Económico de la Construcción – IEC #52 de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO revela que, pese a que se preveía una recuperación de 0.3% para el PBI de la construcción en el mes de febrero, la producción sectorial volvió a descender (2.5%) en dicho mes, debido principalmente al retroceso de 25.3% en la ejecución de obra pública. Ello ha ocasionado que la actividad constructora caiga por quinto mes consecutivo, contrayéndose en 4.8% el producto sectorial durante el periodo octubre 2021 – febrero 2022.
Sin embargo, en el mes de marzo se produjo una ligera recuperación de la producción sectorial que CAPECO sitúa en 1,5 %, la misma que dependerá fundamentalmente del comportamiento de la ejecución de obra pública, que preliminarmente se prevé que caerá 4.3%.
“El escenario para el sector construcción – y para toda la economía nacional – durante el 2022 y en los siguientes años se ve seriamente comprometido por la incapacidad del gobierno nacional para desarrollar una gestión eficiente, sensata y honesta, lo que está erosionando su capacidad para proveer bienes públicos elementales, contener las crecientes presiones sociales, encarar un entorno internacional enrarecido e impulsar la reactivación económica. Todo ello ha provocado, además, una profunda crisis de confianza en el régimen que solamente puede superarse con un amplio acuerdo político, pero que será ahora mucho más difícil de lograr luego de que el presidente Pedro Castillo ha retomado su idea de promover una Asamblea Constituyente” sostiene Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO.
En esta edición IEC #52, CAPECO presentó los resultados de la “Encuesta de Expectativas del IEC”, que muestra una disminución de 9.2% en el nivel de operaciones de las empresas del sector construcción durante el primer bimestre del presente año, motivada sobre todo por la contracción de 25.5% en el subsector de infraestructura.
Respecto al empleo de la construcción, se ve una recuperación en el primer trimestre del presente año, según el INEI. El sector empleó a 427 mil 400 trabajadores en Lima Metropolitana, cifra récord de los últimos quince años, mientras que el ingreso promedio por trabajador subió por sexto mes consecutivo. Por su parte, los empresarios encuestados consideraron que sus operaciones se reducirán solamente 1% en el segundo bimestre del 2022, lo que implica una posible mejoría respecto a los resultados obtenidos del periodo anterior.
No obstante, las proyecciones respecto al desempeño sectorial al cierre del 2022, efectuadas por consultoras privadas anticipan una retracción que oscila entre el 2.5% y el 8.9% y las expectativas de los empresarios del sector sobre su nivel de operaciones apuntan a una disminución de 1.9%. A esto Valdivia sostiene que “este escenario pesimista se sustenta en una merma en la inversión privada (entre -1.6% y -2%) que no podrá compensarse con la inversión pública, aun si se cumplieran los pronósticos más
favorables (crecimiento entre 2% y 4%). Es evidente que la insistencia del gobierno en imponer una discusión sobre una sustitución de la actual Constitución Política deteriorará estas perspectivas y profundizará la contracción de la inversión privada para el 2022-2023. aun si la iniciativa es rechazada por el Congreso Nacional”.
Sobre los costos de materiales de construcción, CAPECO detectó que entre septiembre del 2021 y febrero del 2022, los precios aumentaron 8.9%. “Se estima que en los meses siguientes tendrán un alza adicional de 5.7%. Esto explica, el incremento de 3.7% en los precios de las viviendas durante el semestre concluido en febrero y el de 3.4% que se produciría entre marzo y agosto del presente año”, sostiene Valdivia.
De otro lado, la Contraloría General de la República ha identificado 2,538 obras públicas paralizadas que presentan un avance físico de 55% en promedio e implican una inversión actualizada de 24 mil 374 millones de soles, un aumento de 9 mil 527 millones o 64.2% respecto al monto inicial contratado, “cifras que podrían incrementarse por las trabas que vienen imponiéndose por la subsistencia de un régimen de contratación pública obsoleto, que no promueve la calidad en la construcción y es muy permeable con la corrupción”, indica el Director Ejecutivo de CAPECO.
Cabe indicar que datos recientes del Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE, el 25% de las licitaciones de obras convocadas en los últimos seis años han sido declarados desiertos o nulos, paralizando una inversión de 51,756 millones de soles. “CAPECO ha culminado un proyecto de Ley que espera consensuar con los colegios de Arquitectos y de Ingenieros, y con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP, para presentarlo a los poderes Legislativo y Ejecutivo e impulsar un amplio debate técnico” añade Valdivia.
En cuanto a la viabilidad de los programas de vivienda social, los fondos presupuestados para el otorgamiento de subsidios habitacionales no alcanzaría para los próximos meses. El Ministerio de Vivienda, prevé efectuar un reajuste interno para que pueda conseguirse 31 millones de soles (22 millones para subsidios de Techo Propio y 8 para los de Mivivienda), que permitirá cubrir los desembolsos de mayo. Además, está solicitando al Ministerio de Economía un presupuesto adicional de 647 millones (472 para Techo Propio y 175 para Mivivienda) que se desembolsarían entre junio y diciembre del 2022. Ello permitiría promover unas 40 mil viviendas este año, cifra inferior a los casi 59 mil que se financiaron el año pasado.
Finalmente, otro de los sectores con problemas crecientes, es el minero. Según el Director Ejecutivo de Capeco “el agravamiento social desencadenado en la mina Cuajone, la invasión de terrenos en Las Bambas y el bloqueo del acceso a Antapaccay hacen que el 36% de la producción nacional de cobre esté cerrada, trayendo como consecuencia una posible paralización de inversión en minería”. Frente a este contexto, CAPECO propone iniciativas ante los conflictos activos y latentes vinculados a operaciones mineras. (más detalles ver Anexo 1)
ANEXO 1
PROPUESTA CAPECO – CONFLICTOS MINEROS
En el corto plazo, es indispensable que el gobierno nacional actúe con diligencia para restituir el principio de autoridad y, luego generar condiciones de un diálogo de mesa sincero y abierto con las comunidades y autoridades locales que permita aterrizar sus expectativas, pero, sobre todo garantizar la normalización de la producción en todos los complejos mineros afectados. Para ello, es indispensable formalizar Mesas de Desarrollo en las provincias en que se localizan los proyectos mineros paralizados o amenazados, que tengan carácter permanente y estén bajo la responsabilidad de funcionarios de alto nivel, con capacidad de decisión y con presencia sostenida en la zona. Pero previamente es necesario efectuar cambios de funcionarios encargados de gestionar estos conflictos tanto en la Presidencia del Consejo de Ministros como en el Ministerio de Energía y Minas.
A mediano plazo, el gremio ha planteado una propuesta integral para lograr la adhesión de la población y de las autoridades locales al desarrollo de mega-proyectos productivos y de infraestructura que tienen impactos territoriales y poblacionales significativos en las circunscripciones en las que se ubican. Un planteamiento de este tipo sólo puede implementarse en las etapas iniciales de estos proyectos, idealmente apenas culmina la fase de exploración. En esta línea, CAPECO tiene intención de promover un programa de construcción de viviendas y mejoramiento productivo en las áreas de influencia de unidades mineras, capitalizando la experiencia de empresas constructoras en el desarrollo de proyectos habitacionales en comunidades rurales. Bajo esta óptica, resulta indispensable identificar aquellos que por su magnitud, complejidad e impacto territorial pueden ser parte de un proyecto piloto, cuyos objetivos son prevenir posibles conflictos con la población o las autoridades locales y sistematizar la experiencia para poder luego extender el modelo a todos los proyectos que se lleven a cabo en los siguientes años.
Lamentablemente, estas medidas son insuficientes para resolver los problemas por los que atraviesa el sector construcción, debido a la profundidad de la crisis política y de los conflictos sociales en que se ha sumido el país, debido a la falta de capacidad, la improvisación y las sospechas de corrupción que caracterizan a la gestión del Presidente Castillo, sumada a la impopularidad e inacción del Congreso de la República. A este impasse institucional, se debe añadir el impacto económico de la pandemia de la COVID-19 y, más recientemente, de la invasión rusa a Ucrania que, entre otras cosas, ha generado un significativo aumento de la inflación que afecta la rentabilidad de las empresas y la capacidad adquisitiva de las familias, lo que incrementa la probabilidad de que el país se encuentre al borde de iniciar un proceso de estanflación. La confianza de los agentes económicos para invertir disminuyó abruptamente desde la primera vuelta de la elección presidencial del 2021, llegó a su nivel mínimo cuando asumió el Presidente Castillo y, aunque nunca volvió al escenario positivo, se recuperó sensiblemente . El deterioro de la situación política durante el mes de abril, así como la reciente declaración del presidente Castillo sobre la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente indudablemente revertirá esta tendencia.Ello profundizará la contracción de la inversión privada para el bienio 2022-2023.
