El Congreso de la República publicó hoy la derogatoria de la Ley 31876, norma que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, después de aprobarla en amplia mayoría el pasado 5 de octubre.
La Ley 31876 fue propuesta por la Contraloría General de la República el pasado 1 de diciembre del 2021 con el objetivo de mejorar la calidad, costo y plazos de las obras ejecutadas por esta modalidad.
Establecía un tope de 50 UIT, equivalente a S/247,500, al monto de las obras que se puedan ejecutar mediante administración directa. Además, también prohibía la adquisición de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra.
La ejecución de obra pública por administración directa consiste en el desarrollo de inversiones con componente de infraestructura a cargo de una entidad pública, utilizando sus recursos presupuestales, personal técnico – administrativo, infraestructura, equipos o maquinaria, acorde a la naturaleza y complejidad de esta, explica la Contraloría.
“Esta modalidad no cuenta con un marco regulatorio de adecuaciones técnicas institucionales, análisis de costo beneficio, así como de responsabilidades, que garanticen la calidad, oportunidad y costos óptimos en la gestión de las inversiones”, alertó la Contraloría.
David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Peruano de la Competitividad (CPC), explicó a Gestión que la modalidad de ejecución de administración directa está pensada para obras pequeñas, pero en la práctica la mayoría de las obras son ejecutadas por esta vía.
De acuerdo con la Contraloría, entre 2018 al 2021 se ejecutaron 58,212 proyectos de inversiones, el 42% de los cuales corresponden a inversiones ejecutadas por administración directa.
“En promedio, estas obras terminan durando más del triple del tiempo originalmente señalado. Además, presentan sobrecostos de más del 50% del costo inicialmente planteado”, señala Tuesta.
La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) fue la principal opositora la norma regulatoria que finalmente fue derogada. En conjunto con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) exigieron al Congreso de la República retroceder en la promulgación por considerarla “antidescentralizadora”.
La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, fue quien presentó el proyecto de ley 31897, que plantea la derogatoria de la Ley 31876.
“La Ley 31876 no ha sido socializada de manera oportuna con los gobiernos subnacionales, en tanto que sus efectos jurídicos estarían generando un impacto negativo en el desarrollo del país, sobre todo causando perjuicio en las localidades de jurisdicción distrital provincial o regional, más alejadas o en zonas de frontera poco comunicadas”, señaló.
Fue aprobada con 106 votos a favor y 7 abstenciones. No hubo votos en contra. “El Congreso ha retrocedido en esta norma como parte de una acción populista hacia los gobiernos subnacionales. En este tipo de obras es donde se concentra la mayor parte de casos de corrupción”, señala Tuesta.
