La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) indicó que la construcción habría caído en marzo, luego de haber registrado alzas en enero y febrero del 2024. Con ello, se habría cortado un inicio de año prometedor, luego de registrar un 2023 donde el sector cayó todos los meses sin pausa. Frente a esta nueva realidad, el gremio comentó qué pendientes tiene la actividad para consolidarse en los trimestres restantes.

En concreto, el sector habría caído 6.1% en marzo, estima el gremio. Aún así, el PBI de la construcción habría crecido 3.8% en el primer trimestre, en comparación al mismo periodo del 2023.

El descenso en el tercer mes del año sería consecuencia de un retroceso en dos de sus componentes clave: consumo interno de cemento y avance de la obra pública. Garantizar la sostenibilidad de esta última variable, como que se recupere el sector inmobiliario, son las tareas que enfrenta hoy la construcción para cerrar en azul el 2024.

Frente inmobiliario

Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, recordó un hecho que Gestión reportó desde finales del año pasado: aún no hay recursos garantizados para el Bono del Buen Pagador (BBP).

A mediados de febrero, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) señaló a este diario que esperan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les entregue S/ 219 millones para este bono, clave para la colocación del Nuevo Crédito MiVivienda.

Esa transferencia se autorizaría mediante un decreto de urgencia, que debería publicarse, según indicó el MEF a Gestión, en “aproximadamente un par de semanas”, plazo que vence a inicios de mayo.

Valdivia indicó que, de no asegurarse estos recursos para el BPP, el Fondo MiVivienda podría colocar máximo 6,636 créditos en 2024, lo que significaría 45% menos que el año pasado. “Se trataría del peor resultado en la colocación de créditos del fondo desde el año 2009. Sería lamentable”, acotó.

Por el lado contrario, de aprobarse los nuevos recursos para BBP, el gremio estima que se incrementaría en 34.4% la colocación de créditos MiVivienda y se promoverían casi 58 mil viviendas sociales, 50.5% más que en el 2023.

El vocero de Capeco también remarcó que hace falta que el MVCS invierta en promover y difundir las bondades de los programas Techo Propio y Crédito MiVivienda, ya que tras el escándalo Marka Group, se han “generado condiciones difíciles para que los beneficiarios de ambos programas se interesen en ellos”.

Valdivia también recordó que los conflictos entre desarrolladores inmobiliarios y municipalidades en torno a la Vivienda de Interés Social (VIS) perduran. Por ello, manifestó que el MVCS debería ejercer su facultad de ente rector.

“No actuar es una señal equívoca porque hace pensar a los alcaldes que pueden actuar impunemente y afectan la credibilidad de los desarrolladores. Si hay una barrera burocrática, el mismo MVCS debería denunciarlo. Así, si hay pronunciamiento de Indecopi, sería para todos, y no solo para el promotor que reclama”, asegura.

ANIN y Ley de Contrataciones

En el caso de la obra pública, el director ejecutivo de Capeco saludó que el Congreso de la República avance con la reforma de la Ley de Contrataciones (proyecto enviado por el Poder Ejecutivo), pero dudando que esta nueva norma entre en vigencia antes del 2025, sostuvo que su gremio espera se hagan ajustes al reglamento de la ley actual.

Por ejemplo, indicó que el MEF debería crear un programa de regularización de pagos. “Es urgente, ya se está afectando la cadena de pagos a proveedores. Eso favorece la paralización de obras, es grave. Podrían pensarse mecanismos alternativos como factoring, pero no podemos seguir trabajando empresa por empresa”, alertó Valdivia.

Como contó Gestión, la Contraloría promueve que en la nueva reforma de la ley se le faculte a sancionar a las empresas privadas que sancionen con el Estado. Al igual que otros especialistas, Valdivia no solo rechaza la propuesta, sino que considera que se ignora el rol del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

“Duplicaría las funciones del OSCE. Eso hace que empresas serias, que las hay en Perú, no se presenten a licitaciones. Hay que frenar ese tipo de iniciativas”, apuntó.

En su lugar, el representante de Capeco planteó que debería fortalecerse la digitalización de la OSCE. “Es vital para evitar conflictos. Permite controlar el proceso resolutivo más objetivamente. Si se encuentra un corrupto, hay que sancionar, pero no puede ser el eje de la discusión. Es una mentalidad de Código Penal que no puede continuar”, explicó.

Esta es una postura que comparte la misma titular del MVCS, Hania Pérez de Cuellar. En el Parlamento, cuando fue citada hace unas semanas para opinar sobre la reforma a la Ley de Contrataciones, manifestó que debe evitarse “la dictadura del recelo y la sospecha”. La ministra se refería directamente a que muchos funcionarios de su sector temen tomar decisiones por miedo a la Contraloría.

Gestión también le consultó a Valdivia por el rol de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). La entidad que tiene cuatro meses de vida lideró el ranking de ejecución de inversiones del Gobierno nacional, según dijo Hernán Yaipén, jefe de la institución a este diario.

El director ejecutivo de Capeco consideró que el avance de la ANIN se debe básicamente a que han heredado obras que estaban retrasadas o paralizadas en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Aparte, cuestionó si tiene los cuadros para ejecutar obras de diferente índole.

“No es lo mismo hacer una vía que un hospital. No estoy seguro si es más eficiente que la ANIN pueda hacerlos o una entidad específica, como Provías. La ANIN debería tener cuadros para todos los ámbitos de la construcción. El tiempo dirá si es así”, apuntó.

Al respecto, el jefe de la ANIN dijo a este diario que, tras oficializar su tránsito al régimen del Servicio Civil, la entidad trabajaba ya en la elaboración del plan de implementación para contratar servidores civiles.

“Se desarrollará durante este 2024. Asimismo, se está realizando las acciones para aprobar la actualización del Manual de Perfiles de Puestos (MPP), que incluye los puestos para servidores civiles de carrera de nivel especialista, analista y asistente”, sostuvo Yaipén.