Sobre la controversia entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades distritales por la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, Rafael Simpson, vicepresidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, sostuvo que todos los actores involucrados en el proyecto deben encontrar una solución, ya que la vivienda social es un fin noble y de necesidad.

“Tenemos un déficit de casi 1.7 millones de viviendas que necesita el país, además, cada año necesitamos142,000 viviendas nuevas, por la formación de hogares, y solo llegamos a la mitad de manera formal”, sostuvo

Agregó que, si se restringe la creación de viviendas sociales, los grandes ganadores serían los traficantes de terreno que “habilitan y hacen crecer horizontalmente el terreno, cuando la necesitamos más compacta y sostenible”.

Respecto al fallo del TC que le da la potestad de decidir la reglamentación de las construcciones de viviendas sociales, el vicepresidente de ASEI aclaró que el fallo lo que ha hecho es determinar qué competencia tiene cada autoridad- ministerio y municipalidades-sobre cada punto del proyecto.

“A las municipalidades, el Tribunal les ha dicho que la altura y la zonificacíon la deben por ellos, el resto es política nacional de vivienda y corresponde al Ministerio de Vivienda”.

Finalmente, comentó sobre la decisión de la Municipalidad de Miraflores de paralizar 60 obras ya iniciadas, pues considera que va en contra de la ley de procedimiento administrativo y que la ASEI tomará medidas para resolverlo; tienen planeado acudir al Indecopi.

“El Indecopi si ve que no es legal el procedimiento que esta empleando determinado municipio para paralizar una obra o proyecto, entonces puede declarar que es una barrera burocrática e inmediatamente se reinicia el proyecto”.