La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) presentó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dos denuncias, para que declare barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad a las Ordenanzas 585-2023-MSI (San Isidro) y 703-MSB (San Borja).

De acuerdo con las denuncias presentadas, las normas municipales cuestionadas contravienen el ordenamiento legal vigente sobre la vivienda de interés social (VIS) e imponen una serie de exigencias que impiden, en ambos distritos, la ejecución de este tipo de proyectos inmobiliarios, que ya están en marcha y cuentan con autorizaciones de las mismas municipalidades. 

La sentencia del Tribunal Constitucional resolvió el conflicto de competencias entre Ministerio de Vivienda y municipalidades sobre viviendas de interés social, quedando definida la plena vigencia del Reglamento Especial, aplicable a dichos proyectos inmobiliarios, y que las acciones de revisión o nulidad de los actos existentes que emprendan las municipalidades se hicieran caso por caso, sin afectar los derechos de terceros. 

Una reciente opinión técnica vinculante del Ministerio de Vivienda precisó que los proyectos de VIS anteriores a la referida sentencia “son actualmente válidos y no pueden ser declarados nulos como consecuencia del efecto derogatorio de la citada sentencia”.

Las denuncias interpuestas por ASEI, en su condición de asociación gremial representativa del sector inmobiliario, buscan que las cuestionadas medidas municipales sean declaradas inaplicables con efectos generales por el Indecopi, con el fin de garantizar –en un clima de seguridad jurídica y transparencia– la continuidad de inversiones y programas de viviendas de interés social que buscan reducir el déficit habitacional.

En palabras del presidente de ASEI, Jose Espantoso, «estas disposiciones no sólo impiden la construcción de nuevos proyectos, sino que ponen en riesgo la continuidad de las obras en marcha».