Nancy Vizurraga y Carlos Canales han expresado su oposición al Decreto Legislativo 1675, al que consideran «anticonstitucional», argumentando que socava las facultades de los municipios para autorizar proyectos de construcción. La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, junto al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, rechazan la edificación de edificios que exceden las normativas locales, afirmando que esto impacta negativamente en la calidad de vida de sus vecinos.

En una entrevista con RPP, Vizurraga mencionó que aproximadamente 3,000 residentes del distrito han firmado un documento en contra de estos proyectos. Este memorial fue entregado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tras una movilización liderada por la alcaldesa el pasado 27 de septiembre.

A pesar de que se había coordinado una reunión para este miércoles, Vizurraga expresó su sorpresa ante una disposición que «atenta contra la Ley de Municipalidades», ya que limita la capacidad de los alcaldes para proteger los intereses de sus comunidades. «Este decreto legislativo atenta contra los reglamentos de la ley 29090 y las normas locales y nacionales», agregó.

La alcaldesa también destacó que ya se han llevado a cabo reuniones con la presidenta Dina Boluarte, quien mostró comprensión hacia la problemática; sin embargo, mencionó una «incongruencia» en el Gobierno debido a la permanencia de funcionarios en el MVCS que «inducen al error».

Recientemente, el Tribunal Constitucional anuló artículos del Reglamento de Vivienda de Interés Social, reafirmando que solo los municipios pueden establecer parámetros de construcción. «La sentencia deja claro que los municipios son los únicos que pueden fijar densidades y zonificaciones», afirmó Carlos Canales.

A pesar de esta resolución, Canales argumentó que el DL 1675 «viola todas las normas» relacionadas con edificaciones y, por lo tanto, considera que es «inconstitucional». «No entiendo quién asesora a la presidenta para firmar un decreto que infringe nuestras facultades constitucionales», declaró.

Según Vizurraga, en San Isidro hay 20 proyectos autorizados por revisores urbanos y dos más por una comisión técnica, incluyendo edificaciones de hasta 32 pisos en terrenos de 580 metros cuadrados, lo cual es inadecuado según la normativa.

Canales también denunció un presunto «lobby» por parte de las constructoras, que habría permitido que estas obtuvieran aprobaciones de revisores del MVCS, a pesar de que la Defensoría del Pueblo debería defender a los vecinos y no a las constructoras. «Miraflores y San Isidro tienen la capacidad técnica necesaria, por lo que no necesitamos revisores urbanos externos», indicó.

En la reunión programada para este miércoles, Canales espera que se reconozcan las facultades municipales y que se actúe de acuerdo con lo estipulado en la Constitución. «Los vecinos quieren un ambiente residencial y tranquilo, no una urbanización caótica», concluyó.