La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) rechazó las expresiones públicas vertidas por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, en contra de empresas concesionarias de asociaciones público privadas (APP).

Asimismo, exhorta al Gobierno a no retroceder en estas asociaciones, ya que se necesita de ellas para eliminar la brecha social y de infraestructura.

El gremio considera importante diferenciar las obras públicas de los contratos de concesión de APP, en los que la relación del Estado con los privados es a largo plazo, independientemente del gobierno de turno, por lo que la institucionalidad y la preparación del personal técnico del concedente es indispensable para el éxito de los proyectos.

En ese sentido, Leonie Roca, presidenta de AFIN, señaló hoy durante una entrevista con RPP, que solo en transportes se administran US$ 16,627 millones en contratos de concesión, suscritos por el Estado peruano, en tanto que la inversión en telecomunicaciones asciende a más de US$ 20,000 millones.

“De otro lado, en el Plan Nacional de Infraestructura existe una cartera pendiente de otros proyectos por US$ 8,974 millones (sin contar IGV), esta inversión generaría más de 499,000 puestos de trabajo para los peruanos y evitaría la profundización de la crisis económica que atravesamos”, agrega.

Además, el gremio informó que las concesiones y las APP de las empresas asociadas a AFIN, generaron US$ 8,529 millones de inversión entre el 2017 y 2020, además de más de 1 millón de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos solo en el 2019 (6.8% de la PEA).

“Estos dos sectores han contribuido a mejorar los servicios públicos en el país, prestando servicios esenciales ininterrumpidamente durante la pandemia, por lo que solicitamos al señor ministro convocar a las empresas privadas concesionarias para acelerar el trabajo que realizan y liberar las trabas existentes. Pedido que se viene reiterando hace varios años, sin éxito hasta el momento”, sostiene AFIN en un comunicado.

Asimismo, señalan que existe una gran brecha social y para eliminarla el Estado peruano necesita el apoyo del sector privado y no hacer declaraciones que desalienten la inversión privada afectando la seguridad jurídica en el sector.

“Necesitamos avanzar en desarrollo de la infraestructura en el país con foco en el ciudadano, y para ello se requiere una contraparte que pueda liderar ese desarrollo que nuestra población está anhelando. No vayamos en retroceso”, finalizó el documento.