A pesar de que la sequía amenaza prolongarse en el sur, haciendo decaer aún más los caudales de los afluentes del Titicaca, por otro lado, sigue escalando el conflicto entre el Gobierno y el concesionario del proyecto que debía evitar se siga contaminando a ese lago.
Desde hace décadas, la cuenca del lago sufre un deterioro constante, por la contaminación de aguas servidas que vierten los colectores de ciudades aledañas, y para solucionar ese problema, el Poder Ejecutivo había dado en concesión el proyecto PTAR Titicaca.
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) adjudicó esa iniciativa estatal en abril del 2021, a la empresa Operadora Ecológica del Titicaca (OPETI).
El proyecto consiste en la construcción de plantas para el tratamiento de aguas residuales (PTAR) de diez provincias de esa región altiplánica, con una inversión de US$165 millones, bajo la modalidad de asociación público-privada (APP).
La adjudicación a OPETI comprendía la construcción del primer componente, que incluye la ejecución, durante 11 meses, de colectores a gravedad en las ciudades de Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho, en la región Puno.
Sin embargo, las esperanzas de solución a tal contaminación parecen haberse difuminado, pues Opeti -según indicó en un comunicado- acusa al Estado peruano de incumplir su contrato.
Explica que, mientras ejecutaba las obras de construcción, la compañía advirtió de problemas en el proyecto, señalando que su diseño original planteado por el MVCS impide el cumplimiento de las especificaciones de calidad requeridas, y carecería de permisos ambientales.
El arbitraje
Confirmó que, al no tener respuesta del sector a tales observaciones de la empresa, esta última inició un proceso de terminación anticipada (de su contrato), y además, solicitó un proceso de trato directo previo al inicio de arbitraje internacional.
Sin embargo, refiere, el Estado convocó a una reunión única en la que no existió acuerdo entre las partes, por lo cual, el 15 de marzo último OPETI planteó un arbitraje ante el Ciadi, el cual fue admitido por esa entidad internacional.
Estado no acepta terminar el contrato
Refirió queel 15 de setiembre último, “el Estado peruano informó sobre la terminación inválida e improcedente, del contrato de concesión”. Para la compañía -según refiere en su comunicado- esto último tendría el aparente objetivo de promover la ejecución de la garantía (dada por la empresa para la ejecución del proyecto), consignada en una carta fianza por S/172.6 millones.
La empresa alegó que ha invertido más de S/211 millones (equivalentes a US$56 millones) en el proyecto, monto que, refirió, es una deuda del Estado.
En tal sentido, consideró que el Estado estaría contraviniendo el ordenamiento jurídico del Perú, y pretende ejecutar, presuntamente, según indica: “de manera indebida, ilegal, autoritaria y arbitraria la citada carta fianza como presión contra OPETI por denunciar inviabilidad del proyecto”.
“Instamos al Estado peruano a respetar el marco jurídico. Estas acciones generan aún más incertidumbre y desconfianza en la inversión en proyectos de infraestructura de servicios básicos en beneficio de la población”, aseveró la compañía.
Posición del Ministerio de Vivienda
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) emitió un comunicado en el cual confirma que este 15 de setiembre ese sector inició el proceso de resolución del contrato de concesión.
Explica que lo hizo “por graves incumplimientos contractuales de la concesionaria OPETI”, tales como no subsanar las observaciones al expediente técnico del componente 2 y registrar más de 6 meses de atraso en los plazos pactados para las obras del componente 1, que quedaron inconclusas.
Según refiere el MVCS, la concesionaria OPETI abandonó las obras desde el 13 de diciembre de 2022, en perjuicio de la población puneña que ha esperado este proyecto por más de una década.
El MVCS indica que ratifica su compromiso de asegurar la continuidad del proyecto en coordinación con las municipalidades provinciales mediante un proceso transparente, “bajo un estricto rigor técnico y de lucha frontal contra la corrupción”.
Cenepred: lago seguirá perdiendo volumen de agua
Un informe del Cenepred advirtió que los caudales de los principales ríos afluentes del Titicaca hasta noviembre próximo presentarán un comportamiento entre “debajo de lo normal”, y “muy debajo de lo normal” lo cual mantendría tendencia descendente en el nivel de agua del lago.
Actualmente, el nivel del lago ha descendido en 56 centímetros respecto a su nivel normal, debido al déficit de lluvias que afecta al país debido al Niño Costero que se registra en el país desde inicios de este año.
“El nivel del lago Titicaca presenta una tendencia descendente con una variación de niveles similar a 1982-83″, indica el reporte de esa entidad gubernamental, en referencia a la sequía que trajo el fenómeno El Niño registrado en los mencionados años, y que afectó severamente las actividades socioeconómicas del país.
