La Municipalidad de Surco mostró su disconformidad al Reglamento de Vivienda de Interés Social, parte de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley N° 31313) que se promulgó el miércoles, que busca la promoción e implementación de la Vivienda de Interés Social (VIS).
En diálogo con Gestión, Carlos Bruce, alcalde de la comuna, señaló que la norma contiene aspectos positivos como la ratificación del principio establecido por el Tribunal Constitucional: que los municipios decidirán las zonas donde se podrá desarrollar la VIS.
El burgomaestre destacó que las VIS deben inscribirse en Registros Públicos por cinco años y que deben cumplir con el pago de 2.5% del valor de las mayores altura brindadas para estos proyectos. Asimismo, resaltó que sean los municipios quienes deciden los pisos extra.
Para el también ex ministro de Vivienda, dicho porcentaje debe verse como un aporte, porque “no es tanta plata” y tampoco arreglará las finanzas de la comuna.
“Se establece que este 2.5% es facultativo. Es decir, el municipio si quiere lo cobra o no. Esto es negativo, porque abre la puerta a cualquier negocio turbio. ¿Uno le cobra a sus amigos o a sus enemigos”, cuestionó Bruce.
Lamentó que el otorgamiento de mayores alturas también sean facultativas; es decir, que las municipalidades decidan a qué inmobiliaria le da mayores alturas y cuál no. “No se puede dejar a criterio de un funcionario”.
Sobre mantener el parámetro de un estacionamiento por cada tres departamentosdijo que “solo genera que cada vez haya más carros estacionados en las calles”.
Por último, destacó la ausencia de procesos de fiscalización de los revisores urbanos, al tomar en cuenta que estos tienen la facultad de decidir el otorgamiento de una licencia de construcción, por encima de la posición de los concejos municipales.
“Ningún revisor urbano ha sido sancionado en los más de 10 años que lleva este modelo; el 90% de los proyectos VIS han sido aprobados por ellos. Es contra eso que nos hemos revelado los alcaldes. No se establece un sistema de control, un cuadro de sanciones o procedimiento para saber dónde presentamos nuestra denuncias”, acotó Bruce.
En cuanto a las 15 licencias de construcción suspendidas por el municipio meses atrás, el alcalde de Surco sostuvo que algunas inmobiliarias ya han decidido replantear sus proyectos y alturas.
Municipios
Como se recuerda, anteriormente distintas autoridades distritales de Lima Metropolitana mostraron su inconformidad con la implementación de vivienda social en sus jurisdicciones.
– Miraflores delimitó dos avenidas específicas en las que se podrá desarrollar proyectos de vivienda social, y en julio de este año anunció la paralización de 60 proyectos por licencias de construcción.
– Mediante una ordenanza, San Isidro decidió prohibir por completo la entrega de autorizaciones para proyectos de Vivienda de Interés Social en su distrito, y paralizó las construcciones llevadas a cabo bajo este modelo.
– San Borja prosiguió esta medida.
– En un principio, la Municipalidad de Magdalena suspendió la emisión de licencias de construcción. Sin embargo, en julio de este año revirtió dicha medida, pero sostiene la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la figura de los revisores urbanos.
