• Se requiere salir de la crisis política y reducir el conflicto social para que la economía no se siga afectando.
• El adelanto de elecciones plantea urgencia de consensuar medidas para fortalecer el régimen democrático y para superar los problemas estructurales como el modelo de regionalización.
• La construcción en compás de espera después de haber crecido 4.3% en el 2022, por aumento de 21% en el avance de obra pública y pese a caída en inversión privada.
• La vivienda social también tuvo récord de colocaciones en 2022, pese a incertidumbre política.
• Las nuevas autoridades municipales deben convocar al sector privado y evitar generar inseguridad jurídica con decisiones unilaterales de anulación de contratos o suspensión indiscriminada  de licencias.

La deriva violenta y vandálica que han adquirido las protestas surgidas a raíz del fracasado golpe de estado cometido por Pedro Castillo, además de afectar el normal funcionamiento de las actividades económicas, entre ellas la construcción; expone a las familias a peligros contra su vida y sus propiedades; y amenaza la estabilidad y continuidad de nuestro sistema democrático, señala CAPECO.

Para el gremio constructor es urgente que el Poder Ejecutivo y el Congreso tomen decisiones para formalizar el adelanto de elecciones, efectuar las reformas mínimas para que los comicios se desarrollen con normalidad y permitan el acceso al poder a personalidades y organizaciones competentes y honestas.

Además, se debe impulsar un amplio proceso de debate en el Acuerdo Nacional para consensuar una lista reformas políticas y electorales de mayor calado para perfeccionar nuestra institucionalidad democrática.  Igualmente, se debe aprobar un conjunto de iniciativas para superar los problemas estructurales que afectan al país y constituyen el caldo de cultivo de la desconfianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Dentro de ellas, la reforma del modelo de regionalización, cuyo fracaso ha impedido el desarrollo sostenible e inclusivo, y profundizado el descontento de los ciudadanos del interior del país.

Estas iniciativas servirán de base para un Gran Pacto Político y Social, que guíe la marcha de nuestro país durante los siguientes veinte años. Este esfuerzo concertador contribuirá a restaurar la paz social, sin la cual no se reactivará el empleo, la producción ni la inversión, y permitirá mirar el futuro con esperanza.

Si el país no da pasos consistentes para implementar esta agenda, es imposible prever cual será el resultado de la construcción en el 2023, que tuvo un excelente desempeño en el 2022, a pesar de la crisis política y social. El sector creció 6.8 % en noviembre del 2022, sumando tres trimestres consecutivos al alza, de acuerdo con cifras del INEI.

Basándose en datos preliminares, CAPECO considera que el sector crecerá 4.6% en diciembre, aunque a una tasa de 4.6%, como consecuencia de una contracción de 8.5% en el consumo de cemento y de un aumento de 46.7% en la ejecución de la obra estatal. Con ello, la producción sectorial habría cerrado el año 2022 con una subida de 4.3%, tasa incluso superior a la que estimó el BCRP en diciembre (3.5%) y que se explica sobre todo por una elevación del ritmo de avance de obras del Estado de alrededor de 21%.

El gremio señala que, para el 2023, el escenario de la producción sectorial se complica por el agravamiento del conflicto social que ha seguido a la destitución de Pedro Castillo y que, aún no ha podido ser controlado por el gobierno de la presidenta Boluarte. En este contexto, es mucho más probable que se produzca una contracción algo mayor a 3.0% como estiman consultoras privadas.  

Por su parte, la inversión pública superó los 44 mil  millones de soles al cierre del 2022, un incremento de 23.5% en la ejecución comparada con el año previo, que constituye un récord histórico que se dio “en los tres niveles gubernamentales, lo que tiene que ver con que el presupuesto para inversión estatal también llegó a un monto sin precedentes… 64 mil 818 millones de soles, vale decir, un 18.0% más que en el 2021. Sin embargo, la eficiencia de las entidades del Estado para utilizar los recursos disponibles solo mejoró tres puntos porcentuales en el último año, pasando del 65.1% en 2021 al 68.2% en el 2022”, señala Valdivia. Por esta razón, el estado dejó de Invertir más de 20 mil 600 millones, otra cifra récord. El 61.0% del monto no ejecutado correspondió a los gobiernos locales.

Por el lado de la inversión privada, cinco consultoras privadas coinciden en que este tipo de inversión habría disminuido entre 0.4% y 1.6% durante el 2022 y difieren del BCRP, que se inclina más bien por un estancamiento. “Aunque la conflictividad social se ha ido profundizando en las últimas tres semanas, es preciso recordar que ya en el IEC de diciembre se había identificado una declinación en el comportamiento de los principales componentes de la inversión privada, tendencia que se ha confirmado con los datos que hemos actualizado, como en el sector vivienda. En el periodo anual diciembre 2021 – noviembre 2022, se desembolsaron 41,365 créditos hipotecarios para vivienda, lo que significó una disminución de 16.1% respecto a diciembre 2020 – noviembre 2021”, comenta el director ejecutivo de Capeco.

El INEI señala que el índice de precios de materiales de construcción (IPMC) subió 4.8% en diciembre, comparado a igual mes del 2021, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se incrementó en 8.5% entre dichos periodos. Para Capeco, es muy probable que los precios de se incrementen entre diciembre 2022 y febrero 2023 a un ritmo mayor que el experimentado entre setiembre y noviembre del 2022, debido a las dificultades logísticas que se han producido en los últimos dos meses por los bloqueos de carreteras y paros generales que han afectado a varias regiones del país.

El gremio considera que las decisiones más influyentes para salir de la crisis que vive el país las debe tomar el Poder Legislativo, pero es indispensable que estas tengan un amplio consenso de la sociedad, lo que exige un gran esfuerzo por buscar el diálogo y por comunicar a la ciudadanía los propósitos y las razones de tales decisiones. En este sentido, Capeco sugiere algunas acciones que debe impulsar el Congreso (ver anexo 1). Como lo viene señalando el gremio los últimos meses, uno de los grandes desafíos es la modernización de la gestión estatal y, dentro de ella, la reforma del modelo de regionalización que ha fracasado en su propósito de “fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes”, como señala la Ley Orgánica que lo creó. Al respecto, el gremio analiza las estrategias de este modelo y propone nuevos enfoques (ver anexo 2).

Finalmente, nuevas autoridades han asumido la gestión de más de 2 mil municipalidades en todo el país, quienes deberán enfrentar grandes desafíos y podrán aprovechar múltiples oportunidades para impulsar el desarrollo de sus circunscripciones, como la disponibilidad de montos sin precedentes para inversión pública, que deberán ser empleados eficiente y honestamente.

En el caso de Lima Metropolitana, la actual gestión debe ser proactiva y previsible en sus decisiones para convencer al sector privado de invertir en la capital. En este contexto, la municipalidad debe ponderar la conveniencia de tomar decisiones críticas como la anulación unilateral de una  concesión vial.  Y ese mismo cuidado deben tener las municipalidades distritales para atraer inversiones inmobiliarias formales y no generar inseguridad jurídica, lo que ocurre con la suspensión de licencias de edificación, con el propósito de revisar licencias otorgadas en años precedentes, como ocurre en el distrito de Magdalena del Mar.