La Municipalidad Metropolitana de Lima decidió poner fin de manera unilateral al contrato de concesión denominado Vías Nuevas de Lima, que comercialmente es conocido como Rutas de Lima, bajo el argumento de que se afectó el interés público.
Los regidores que asistieron a la sesión del Concejo Metropolitano aprobaron por unanimidad la recomendación de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada que fue el declarar la afectación al interés público, confirmar la terminación unilateral del contrato y continuar el procedimiento según se estipula en el mismo contrato que se terminará.
La Concesionaria Rutas de Lima, conformada por Brookfield (57%), Odebrecht (ahora Novonor con 25%) y Sigma (18%), es la responsable del proyecto Vías Nuevas de Lima por la concesión otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La concesión comprende la operación y mantenimiento de 31.5 km de la Panamericana Norte, pasando el Puente Habich hasta antes del Intercambio de Ancón y 54.1 km de la Panamericana Sur, pasando el Trébol de Javier Prado hasta el Puente Pucusana.
Además existe el compromiso contractual de que Rutas de Lima extienda en 19 km la autopista Ramiro Prialé hasta el Puente Los Ángeles. Actualmente esta vía cuenta con 10 km., llegando hasta el Puente Las Torres. Las obras de ampliación se encuentran paralizadas.
Rutas de Lima es una concesión 100% privada, es decir, no requiere de presupuesto público, con un compromiso de inversión por S/2,000 millones en la construcción de las obras propuestas, además de realizar la operación y mantenimiento de las vías por 30 años.
Actualmente tiene tres puntos de cobro de peaje: Villa sentido sur, Punta Negra sentido Norte, ambos en la Panamericana Sur; así como el peaje Chillón en la Panamericana Norte. El costo para los vehículos ligeros es de S/ 6.50.
Argumentos para terminar el contrato
Para la Municipalidad de Lima existen seis temas por los cuales la concesión de Rutas de Lima afectó el interés público. La primera son las altas tarifas de los peajes, que han generado reclamos de los pobladores de Puente Piedra y Lurín, reportados por sus gobiernos locales, además de organizaciones sociales, Indecopi y Defensoria del Pueblo.
Un segundo argumento es que existe una afectación a las familias, pues el peaje Chillon representa entre 9% y 15% de su ingreso mensual. A ello se suma, como tercer tema, las deficiencias contractuales por las limitaciones para construcción de vías complementarias, porque implicaría compensar al concesionario.
El cuarto tema es la disminución de la velocidad en la Panamericana Norte, donde el municipio señala que el tiempo de tránsito pasó de 20km/h a 17km/h. Un quinto punto de afectación de interés público para la comuna limeña es que existe un servicio deficiente por parte de Rutas de Lima, pues hay 14,759 observaciones respecto al servicio 2020-2022, en caso de reiteración sin implicancia de resolución de contrato.
Finalmente, el sexto argumento es que hubo modificaciones económicas al contrato con una adenda firmada y 31 actas privadas, incumpliendo el procedimiento de contar con opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, en perjuicio de la Municipalidad de Lima.
A todo ello se suma que, para la Municipalidad de Lima, el beneficio económico que tiene la concesionaria, respecto del monto invertido tiene un fuerte margen de diferencia. Señala que mientras Rutas de Lima ha tenido ingresos por US$1,245 millones en los 10 primeros años de concesión, solo ha invertido US$259 millones.
Temas ausentes
Durante el debate del Concejo Municipal, liderado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, las intervenciones se centraron en que la decisión de resolver el contrato tenía que darse para limpiar la corrupción del municipio capitalino.
Casi todas las intervenciones de los concejeros, incluido el propio alcalde, incidieron en que el contrato de Rutas de Lima fue producto de la corrupción y en consecuencia, resolverlo, era un acto de justicia, tanto para el municipio como para la población.
Sin embargo, la propia Municipalidad de Lima, en la gestión Jorge Muñoz, intentó resolver este mismo contrato con el mismo argumento de que fue producto de la corrupción, pero en dos arbitrajes internacionales, como manda el contrato de concesión. Los laudos de ambos arbitrajes fueron a favor de Rutas de Lima, por lo cual no se pudo anular su contrato.
Tanto los concejeros, como los funcionarios a cargo de la evaluación de los argumentos para la resolución del contrato, no hicieron mención de cuál será el futuro de las vías concesionadas ni de los peajes.
No se precisó si los peajes que actualmente opera Rutas de Lima pasarán a manos de la Municipalidad de Lima, quien tendrá que determinar una nueva tarifa o si es que estos se eliminarán totalmente.
Tampoco se precisaron los costos de mantenimiento de las vías, ni cual será el futuro de las obras de la ampliación de la carretera Ramiro Prialé, si será asumida como obra pública por parte de la Municipalidad de Lima o si se optará por concesionarla a una nueva empresa.
Rutas de Lima se opone
La aún concesionaria, Rutas de Lima rechazó la decisión de la Municipalidad de Lima de resolver el contrato de concesión que tienen desde el 2013, pues considera que es un hecho arbitrario.
“Si se procede a la terminación, la empresa se reserva el derecho de iniciar las acciones que estime convenientes ante esta ilegítima decisión”, señaló en un comunicado.
Según la empresa, la terminación unilateral del contrato generaría que la Municipalidad de Lima esté obligada a asumir el pago inmediato de los importes establecidos en el contrato de concesión, tanto a favor del concesionario como de entidades financieras, entre otros.
“Ello sin perjuicio de que tanto la Municipalidad de Lima como el Estado peruano quedarían expuestos a nuevos reclamos internacionales que conllevarían al pago de mayores indemnizaciones, las que hoy la Municipalidad de Lima ya adeuda”, precisó.
