En la actual coyuntura de repunte del precio de los combustibles, resulta necesario evaluar la estrategia para materializar una de las principales promesas del Gobierno: la masificación del gas natural. Hasta la fecha, la principal fórmula utilizada por el Estado para llevar adelante su política de masificación ha sido subsidiar los costos de conexión de usuarios residenciales de menores recursos. Esta medida, sumada al financiamiento de conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular, ha sido la que ha generado mejores resultados; sin embargo, solo se ha focalizado en la concesión de Lima y Callao y en menor medida en la concesión de distribución de Ica. Además, el otorgamiento de subsidios ha requerido el uso de recursos económicos asumidos por los propios consumidores de combustibles, a quienes en la práctica se les ha impuesto la responsabilidad de asumir gran parte de los costos de esta estrategia de masificación.
Cuando entró en operación el Proyecto Camisea en el 2004 no existía una política ni planes claros para en-caminar una masificación del gas natural en el Perú. Así, dicho proyecto se estructuró sobre la base de un consumo ancla orientado hacia el sector eléctrico, y una penetración de consumo residencial enfocado fundamentalmente en Lima y Callao. Por ello, no es de sorprender, que después de más de 15 años desde que se inició el uso del gas natural en el país, los resultados muestren que el sector eléctrico es el que logró la mayor penetración y que no hubo un desarrollo significativo en el sector residencial –mucho menos en el interior del país.
La baja penetración del gas natural en otros sectores económicos se debe a la falta de desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución de gas natural desde los yacimientos hasta los lugares de potencial consumo. Solo existe el gasoducto de transporte de gas natural a cargo de la empresa TGP y el ducto que se utiliza para transportar el gas natural a la Planta de Licuefacción para fines de exportación. Estos gasoductos no han tenido en los últimos años expansiones significativas en longitud y capacidad, y menos en línea con una orientación decidida hacia la masificación del gas natural fuera de Lima.
En cuanto a las redes de distribución, el Estado ha otorgado 6 concesiones, abarcando un total de 16 ciudades. No obstante, las únicas que tienen mayor desarrollo son las concesiones de Lima y Callao y la de Ica. Uno de los problemas que frenó la masificación ha sido la demora del Estado para otorgar las concesiones, y muy probablemente la falta de capacidad para diseñar esquemas que despierten el interés de inversionistas privados. Otro problema es que en las concesiones que se encuentran en operación comercial no ha existido un desarrollo orientado hacia el abastecimiento de consumidores residenciales, sino un enfoque únicamente en la provisión de gas natural para la industria – sector que ya cuenta en muchos casos con contratos de abastecimiento de Gas Natural Comprimido.
Otra muestra de la poca efectividad de la estrategia de masificación es que el uso de los combustibles sustitutos del gas natural en los sectores residencial, comercial, vehicular e industrial no están disminuyen-do, por el contrario, tienen todavía una fuerte participación en el mercado. Según el Minem, el diesel B5 tiene una participación del 25.9%, el GLP 10%, el gasohol 8.9% y gas natural el 11%. En el sector residencial, el gas natural tiene poca presencia con un 4%, superado por el GLP que tiene un 23% y la leña como la fuente de mayor consumo energético con el 43%. Cabe mencionar que los programas de distribución de cocinas y balones de GLP en zonas rurales del país, así como el bono otorgado para adquirir el GLP y el subsidio que se brinda a este combustible a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles vienen intensificando su uso en el sector residencial, lo que genera una barrera para el acceso al gas natural, ya que le quita competitividad.
A diferencia del Perú, las políticas y medidas de masificación implementadas en países como Bolivia, Colombia y Argentina, han logrado un mayor desarrollo en el consumo del gas natural y en el número de consumidores conectados a las redes de distribución. Colombia es el país que tiene un mayor éxito en la masificación del gas natural con un 81% de penetración en su población con acceso al gas natural, Argentina ha alcanzado un 79% y Bolivia tiene un 35%.
En el caso de Colombia, el Estado ha invertido en infraestructura básica, redes de distribución y en equipos de conversión de gas natural. Por su parte, el modelo boliviano estipula que el Gobierno es el que rea-liza todas las inversiones en gasoductos, redes de distribución y demás costos de conexión, pues la recuperación de costos no es el objetivo principal, sino el acceso al servicio. Teniendo como diferenciador el grado de protagonismo estatal, el Gobierno ha tenido en ambos casos una activa política de promoción de infra-estructura y ha destinado ingentes recursos del erario. En ningún caso, los recargos o los subsidios cruza-dos han sido la principal fuente de financiamiento de la inversión y operación de la infraestructura de trans-porte o distribución.
En este contexto, si la masificación del gas es efectivamente una prioridad del Gobierno peruano, se debería plantear un amplio debate que aprenda de nuestra propia experiencia y la de los vecinos, dejando posiciones dogmáticas atrás. Recurrir a potenciar la actividad empresarial estatal a través de Petroperú o introducir distorsiones costosas con nuevos recargos al transporte de gas no parecieran ser soluciones sostenibles o con viabilidad técnica. Esta discusión es muy relevante en varias regiones del país en la antesala de los próximos comicios de octubre y demandada por poblaciones a las que los políticos de turno les siguen ofreciendo un acceso inmediato a este servicio público que hasta la fecha no se concreta.
Luis Miguel Castilla – Director Ejecutivo Videnza Instituto
