Imaginemos un mundo en donde podemos buscar un inmueble, comparar alternativas, elegir el inmueble deseado, acceder al crédito para pagarlo e inscribirlo a nuestro nombre; todo desde la comodidad de nuestro hogar. Este mundo digital no esta muy lejos de la realidad porque en países como Colombia ya existe. El Perú no esta lejos de lograrlo, si es que masificamos las herramientas existentes y apoyamos reformas legislativas que permitan que el proceso sea una realidad.
Actualmente uno ya puede acceder a la oferta inmobiliaria mediante plataformas digitales, como Nexo Inmobiliario, o páginas mas especializadas que utilizan Big Data, mediante las cuales puede obtenerse asesoría respecto a si el precio de compra del inmueble está conforme al mercado. Los tours y casetas virtuales o los chatbots evolucionaron durante pandemia y acercaron el mercado inmobiliario al público. Sin embargo, pareciera que nos hemos estancado y no hemos tomado mayores medidas para digitalizar los demás procesos, como el acceso al crédito o la inscripción de nuestra compra en Regitros Públicos.
Con el tiempo vemos que las entidades financieras han podido ofrecer créditos y evaluar a los clientes de manera remota, pero seguimos atrapados en el mundo de los papeles físicos para firmar contratos hipotecarios o corroborar la identidad de las partes contratantes, ello a pesar de que ya existe la tecnología para digitalizar estos actos y corroborar la identidad de personas, sin requerir su presencia. Existen empresas, como Olimpia o Keynua, que ya brindan el servicio de firmas electrónicas e indentificacion de identidad, ofreciendo la seguridad necesaria para dar validez a las transacciones. Si tenemos las herramientas, ¿por qué no las utilizamos? Aun existen dos retos que debemos superar que son: 1) masificar el uso de estas herramientas; y; 2) actualizar la legislación peruana para tal masificación.
Aunque uno no lo crea, el Perú ya cuenta con una ley de firmas y certificaciones digitales desde el año 2000 y desde ese entonces hemos avanzado con la creación de la Secretaría de Gobierno Digital hasta llegar a la emisión del primer DNI Electrónico en el 2013.
Lamentablemente tuvo que ocurrir la pandemia para realmente promover el uso de esta tecnología por parte de las entidades públicas, empresas privadas y la sociedad en su conjunto.
Ahora, a pesar de todo esto, siguen existiendo limitantes. Aún se establece en la Ley del Notariado que una transacción inmobiliaria, para ser inscrita en Registros Públicos, debe encontrarse una escritura pública impresa, firmada y marcada físicamente con la huella dactilar de los intervinientes, luego de que ya corroboraron su identidad digitalmente con un lector biométrico y por qué no, a veces hasta nos piden una foto digital. Es decir, no obstante que existe la forma de identificar a las partes contratantes de manera digital, la Ley del Notariado nos empuja a exigir la presencia física de los mismos.
En estos momentos se encuentra en la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley 818/2021-CR, que busca modificar la Ley del Notariado con el objetivo de permitir a los notarios dar fe de sus instrumentos públicos notariales por medios digitales. Esto significa que un notario podrá dar fe de una compra venta de un inmueble de manera digital y sin la presencia física de las partes. Esta iniciativa va más allá del mundo inmobiliario. Su potencial está en acercar al ciudadano a la formalidad al eliminar barreras como el desplazamiento, facilitar los trámites para la creación de empresas formales y, en general, favorecer la legalidad del comercio y de los actos jurídicos que día a día millones de peruanos realizan.
La digitalización del sector inmobiliario,entonces, ya es casi una realidad. Gremios inmobiliarios han logrado acercar la oferta de los inmubles a los ciudadanos. Las entidades financieras ya cuentan con las herramientas tecnológicas para brindar acceso al crédito de manera digital y poco a poco las están masificando. Sin embargo los ciudadanos no van a poder verse beneficiados de todo el potencial de este esfuerzo si es que iniciativas como el Proyecto de Ley 818/2021-CR presentado no es aprobado en el Congreso. Si no apoyamos estas iniciativas, seguiremos entrampados en un sistema que finalmente resulta ineficiente.
Victor Galvez Chunas es Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un MBA por el IE Business School de España y ha llevado diversos cursos del Programa de Especialización para Ejecutivos (PEE) de ESAN en las áreas de Finanzas y Operaciones. Actualmente se desempeña como Director y Gerente Financiero del Grupo La Riaza, conjunto de empresas especializadas en el rubro Inmobiliario y miembro del Comité de Simplificación Administrativa y Anticorrupción de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú ASEI.
