La Contraloría alertó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) que el concesionario del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca), ubicada en la región Puno y cuya inversión referencial es de S/ 863 millones, presenta constantes retrasos en la ejecución de las obras del componente 1, donde se ha evidenciado un avance acumulado de 17.77%, cuando lo programado para alcanzar en enero de 2022 era de 88.91%, lo cual representa un retraso del 71.14%.

La concesión de la PTAR Titicaca comprende el diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación y operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales en las localidades de Juliaca, Puno, Ilave, Juli, Ayaviri y Moho.

Asimismo, comprende la operación y mantenimiento de colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales en las localidades de Yunguyo, Lampa, Azángaro y Huancané.

La concesión tiene previsto beneficiar a más de un millón de peruanos de las localidades vinculadas al proyecto, ya que contribuirá a la reducción de las enfermedades causadas por aguas residuales, así como favorecer a la reducción de la contaminación del Lago Titicaca, lo que redundará en promover el aumento de las actividades económicas como el turismo. El proyecto consiste en tres componentes.

-Lo que comprende-

El componente 1 comprende las obras asociadas a los colectores principales a gravedad en las localidades de Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho, las cuales serán ejecutadas por el concesionario de acuerdo con su propuesta técnica, siguiendo las especificaciones incluidas en el Expediente Técnico 1, incluyendo la infraestructura existente asociada a dichas localidades.

Mientras que el componente 2 consiste en obras asociadas estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de aguas residuales en las seis localidades antes mencionadas y cuyas especificaciones están en el Expediente Técnico 2, e incluye las obras de rehabilitación urbana que correspondan en los bienes de la concesión, así como el cierre de la infraestructura existente en caso esta queda fuera de servicio.

El componente 3 comprende la infraestructura existente asociada a los colectores principales por gravedad, las estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales en las localidades de Yunguyo, Lampa, Azángaro y Huancané, que el concedente entregará al concesionario cumpliendo los niveles de servicio para su operación y mantenimiento.

Según el Informe de Control Concurrente N° 254-2022-CG/APP-SCC, emitido el 14 de marzo de 2022 y cuyo período de evaluación va del 27 de enero al 11 de marzo de 2022, la ejecución de las obras del componente 1 se inicia con la suscripción del “Acta de Inicio de la Construcción del 19 de abril de 2021″, y de acuerdo con el Cronograma de Ejecución de Obras del Expediente Técnico 1 presentado por el Concesionario, y aprobado por el MVCS, se estableció un plazo de 11 meses para su culminación.

Posterior a ello, debido de una suspensión de obligaciones solicitada por el concesionario por la ocurrencia de eventos producidos por la pandemia de la COVID-19, el MVCS suspendió por 14 días el plazo establecido, con lo cual, el plazo final para la culminación de las obras del componente 1 vence el 1 de abril de 2022.

Cabe mencionar que el plazo máximo contractual es de 17 meses, cuya demora está sujeta a penalidades por atraso en la culminación de las obras del Componente 1.

Del análisis realizado por la comisión de control, se advierte que las obras para las localidades de Juli, Ayaviri y Moho, presentan un avance de 16.08%, 33.34% y 14.69%, respectivamente, aun cuando su plazo de ejecución establecido en el Cronograma de Ejecución de Obras del Expediente Técnico 1, se encuentra vencido.

Mientras que los trabajos en las otras tres localidades: Ilave, Juliaca y Puno, presentan un avance de 33.48%, 19.67% y 31.39%, respectivamente aun cuando sus plazos de ejecución se encuentran próximos a vencer (el 1 de abril de 2022), lo cual evidencia retrasos del concesionario en la ejecución de obras de todas las localidades, generando el incumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución de obras.

Asimismo, el concesionario argumenta que los retrasos se deben, entre otros, al desabastecimiento de materiales y equipos de campo, a la aparición de controversias, contrariedades y dudas técnicas durante la ejecución, situación que no garantiza la culminación de las obras en los plazos previstos en el Expediente Técnico 1.

En resumen, los plazos de ejecución de obras del Componente 1 es de 11 meses y 14 días, el cual vence el 1 de abril de 2022, sin embargo, habiendo transcurrido 10 meses del inicio de ejecución de obras (19 de abril de 2021) y teniendo en cuenta el avance de las mismas, se advierte que el concesionario no logrará culminar las obras del Componente 1 en el plazo antes señalado.

-Verificación-

Con la finalidad de verificar el estado de la ejecución de las obras del componente 1, la comisión de control realizó una visita de inspección, de manera selectiva, a las localidades de Juli, Ilave, Ayaviri, Juliaca y Puno, junto a representantes del MVCS, del supervisor especializado y del concesionario.

En la localidad de Juli, en los tramos supervisados se apreciaron zanjas pendientes de rellenar que, según el Concesionario, se debe a la falta de material de relleno para culminar dichas partidas. En la localidad de Ilave, se apreciaron hechos como el desprendimiento del talud y la falta de entibados en zanjas, reflejando un avance de 33.48% pese a que debe culminarse el 1 de abril de 2022.

Por su parte, en la inspección realizada en Ayaviri se pudo verificar que el buzón BP-12, cuya ejecución comenzó en noviembre de 2021, aún se encuentra en ejecución pese a que su plazo venció el 29 de enero de 2022. Mientras que los buzones BP-22 y BP-23, así como el tramo entre los buzones BP-37 y BP-38, se encuentran saturados de agua y en proceso de construcción, pese a que su plazo venció el 29 de enero de 2022.

En el tramo entre los buzones BP-5 al BP-6 no se evidenció personal del concesionario laborando en la zona de obras, pese a que aún falta culminar trabajos de relleno y que dichas actividades debieron estar culminadas el 29 de enero de 2022, y su avance es solo de 33.34%.

Por su parte, en la localidad de Juliaca, se advirtieron zanjas excavadas y actividades de relleno pendiente de concluir en los tramos supervisados, a lo que se suma que durante la visita de inspección no se apreció personal del concesionario laborando, pese a que su plazo vence el 1 de abril de 2022 y presenta un avance de 19.67%.

En el caso de la localidad de Puno, el Buzón BP-102 aún no se encuentra ejecutado pese a que los trabajos iniciaron en diciembre de 2021, a lo que se añade que está pendiente la reposición de pavimentos, pese a que su plazo vence el 1 de abril de 2022 y su avance acumulado es solo del 31.39%.

En ese sentido, el informe de control alerta que esta situación demandaría una extensión en el plazo para culminar con el componente 1, lo que impactará en la postergación del inicio de la operación del proyecto PTAR Titicaca, en desmedro del público usuario del servicio. Además, la comisión de control tomó conocimiento de quejas y reclamos de los pobladores de Juli, Juliaca y Puno, debido a los cierres prolongados de las calles, lo que afecta el libre acceso a sus viviendas y comercios.

-Recomendaciones-

El informe recomienda hacer de conocimiento a la Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento del MVCS, los hallazgos obtenidos, con la finalidad de que se adopten las acciones de supervisión correctivas, con el objetivo de asegurar la culminación de las obras del componente 1, establecidas en el Contrato de Concesión del Proyecto PTAR Titicaca.

La entidad deberá comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI) del MVCS, a través del plan de acción, las acciones correctivas que se implementen para subsanar los hechos detectados.