El Ministerio Público sustentó este miércoles la acusación contra el expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Edgard Ramírez Cadenillas, y la agente del Consorcio Gasoducto Sur Peruano, Claudia Hokama Kuwae; acusados por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en la buena pro del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Reynaldo Abia, fiscal del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, fue el encargado de exponer los hechos que se le imputan a ambos investigados en el proceso “Concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto: Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del GSP”.
Se supo que a lo largo del juicio oral se sustentarán los 89 medios probatorios –que fueron admitidos en la fase de control de acusación– entre los que se encuentran pruebas testimoniales, declaración de testigos técnicos, elementos periciales y documentales con los que la fiscalía busca acreditar los hechos atribuidos a los acusados.
Acusación fiscal
Según la acusación fiscal, en el año 2014, Ramírez Cadenillas habría concertado con Claudia Hokama, agente autorizada del Consorcio Gasoducto Sur Peruano –integrando por las empresas Kuntur y Odebrecht– con la finalidad de adjudicarle la buena pro del citado proyecto.
Y es que dicho comité presidido por el exfuncionario estatal resolvió descalificar al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, principal competidor de Odebrecht en el proceso, alegando que presentó información inexacta.
Lo que se supo a lo largo de la investigación, es que antes de presidir el mencionado comité de selección, Ramírez Cadenillas era el representante de la empresa Latin Energy Global Service S.A.C., que había brindado asesorías y consultorías a las entidades estatales ProInversión y Osinergmin.
Además, fue representante de las empresas privadas Kuntur Transportadora de Gas y Odebrecht. Asimismo, se conoció que ambos acusados participaron en el proyecto Gasoducto Andino del Sur.
Por este delito, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado condenas de siete y seis años de prisión para Ramírez y Hokama, respectivamente.
