Mientras Europa podría atravesar una crisis energética en medio de la crisis creada por Rusia al invadir Ucrania, el Perú y el sueño de llevar gas natural a las regiones del sur ya lleva cinco años postergándose. Y cada año que pasa aumenta el millonario gasto de mantenimiento del Gasoducto del Sur, ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGas).

No es un secreto que desde que el proyecto energético se canceló en enero del 2017, en medio de los casos de corrupción que protagonizó Odebrecht, el Gobierno peruano dispuso que desde junio de ese mismo año se empezara a destinar un promedio de US$ 47 millones al año para pagar a la empresa colombiana Estudios Técnicos SAS (ETSA) por el mantenimiento de tuberías, equipos e ingeniería valorizados en US$ 1,678 millones que quedaron abandonados.

El pago de dicho mantenimiento (administración de los bienes de la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”) está a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el dinero -hasta el 2021- provenía de la garantía cobrada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) al concesionario por daños y perjuicios, que ascendía a US$ 262.5 millones.

“En el 2021 creo que ya se agotaban los recursos para mantener los activos del gasoducto, al final del año pasado se amplió para que los fondos salgan a cargo del presupuesto público”, explicó Víctor Murillo, ex viceministro de Hidrocarburos.

Efectivamente, así también lo establece la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, donde además se incrementa el monto destinado al mantenimiento del gasoducto. Si en el 2020 y 2021 se destinaron S/ 150 millones anuales, para este año asciende el costo a S/ 172′094,489. Es decir, pasó de un gasto de mantenimiento diario de S/ 410,000 a S/ 471,491, y que podría elevarse en lo que queda del año como sucedió en el 2021.

“Si bien la idea del Minem es que esos gastos millonarios se recuperen, eso no justifica no apurar el paso y reactivar el proyecto de masificación. Buena parte de las variables del proyecto están absueltas y hay que continuar”, añadió el ex viceministro.

Situación legal

Han pasado cinco años desde que el proyecto de gas quedó paralizado y siete meses desde que el actual Gobierno, mediante el Minem, como órgano rector, “avanzó casi nada para destrabar el proyecto”, menciona a Gestión.pe Iván Prado, gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del gobierno regional del Cusco.

En el 2020, el Minem recibió el informe de Mott McDonald -no es público- que contenía dos buenas noticias para el Gasoducto del Sur: que podía seguir utilizando el trazo original para llevar gar a las regiones del sur y que existían reservas de gas natural para suministrar por casi 30 años, recuerda Murillo, quien en ese entonces recibió el informe de la consultora en su calidad de viceministro.

Luego de ello -señala- se formuló un cronograma que establecía una segunda parte de estudio (diseño detallado del proyecto) cuyo costo podía haberlo asumido el Minem, y que daría pase a lanzar el proyecto a concurso a través de ProInversión para este año. “Pero en el último informe emitido por la Comisión Multisectorial instalada por el actual gobierno ya no se habla de un cronograma”, menciona. “Hoy lo importante es consultar en qué estado está”, agrega.

Por el momento, no hay fecha definida para convocar el concurso. Murillo indica que el tema judicial -el proceso contra Odebrecht y las demandas ante el CIADI- deberán avanzar paralelamente al desarrollo del proyecto. Sin embargo, Prado cree difícil que pueda licitarse este año porque los activos del proyecto siguen en manos del consorcio investigado.

“Aunque la Comisión Multisectorial diga que ese proyecto es una prioridad, mientras no se resuelva el problema de los activos lamentablemente no podrá licitarse; sin contar que el Minem sigue sin un viceministro de Hidrocarburos al frente que determine las líneas de acción”, anotó.

Por eso, el gobierno regional de Cusco alista un proyecto de ley que han calificado de “caparazón” en el que se propondrá la elaboración de un informe de valorización de los activos y del avance de las obras físicas -según Osinergmin el proyectó tenía un avance físico del 12%- para evitar que, cuando inicien las negociaciones, un funcionario no quiera firmar por hallarse ante precios posiblemente muy altos, y el proyecto siga estancándose.

Cabe recordar que una de las principales promesas del actual Gobierno es llevar gas al sur del país. Incluso en octubre del 2021, el presidente Pedro Castillo firmó con su par boliviano un acuerdo que incluyó desarrollar estudios para determinar la factibilidad de la interconexión del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (SIT Gas) con un “posible proyecto de gasoducto” de Bolivia; pero como reitera Prado, los cambios constantes de ministros afectan el desarrollo del proyecto.

En un análisis elaborado por el Grupo Propuesta Ciudadana han exhortado al Gobierno no solo a hacer públicos los informes de Mott McDonald, también transparentar la manera como se financiará el proyecto -valorizado aproximadamente en US$ 4,500 millones- “ya sea mediante el mecanismo de ingresos garantizados o el cofinanciamiento”.

Ani Lu Torres – Gestión