A través de la Resolución Directoral N° 0001-2025-EF/63.01 publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los “Criterios de priorización de los proyectos de inversión, las IOARR y los programas de inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional”.

De esta manera, los distintos gobiernos locales del país deberán priorizar las inversiones que permitan el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo con las consideraciones que contempla la norma, a fin de disponer de la asignación de recursos públicos en el marco de la Quincuagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Cabe mencionar que la Quincuagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la referida Ley de Presupuesto, dispone la asignación de recursos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos gobiernos locales, para el financiamiento de proyectos de inversión, las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación (IOARR) y los programas de inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, así como para estudios de pre inversión vinculados al cierre de brechas en infraestructura vial, de salud, de educación, de agua y saneamiento, de gestión de residuos sólidos, agraria y de riego, y comercio.

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Cabe indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas es un socio estratégico de los gobiernos locales en su desafío por transformar económica y socialmente los territorios bajo su administración, mediante la selección e implementación de proyectos de inversión pública, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, en igualdad de oportunidades.