Frederic Bastiat, economista francés del siglo XIX, planteó en su ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve” que las leyes generan efectos visibles y también consecuencias ocultas. Si bien algunas regulaciones parecen tener resultados positivos, es fundamental analizar sus impactos a largo plazo, ya que pueden acarrear efectos negativos que no son evidentes de inmediato. Esta perspectiva es relevante en el contexto de las normativas actuales, que a menudo se centran en resultados inmediatos sin considerar sus repercusiones completas.
La tendencia global hacia energías con menores emisiones de gases de efecto invernadero ha llevado a la implementación de incentivos y subsidios en Perú para promover energías renovables no convencionales. Sin embargo, se ha hecho poco en sectores con emisiones significativas, como el transporte y la agricultura. Al promover subastas para estas energías, se buscaba reducir emisiones y diversificar la matriz eléctrica, pero esto ha tenido un costo significativo para los usuarios finales, quienes han absorbido US$1.7 mil millones en subsidios.
Un fenómeno similar ocurrió cuando se modificaron regulaciones para otorgar potencia firme a centrales eólicas y solares. Aunque esta medida apoya la transición energética, los costos se distribuyen entre todas las tecnologías, lo que ha desincentivado a algunas centrales que generan energía de manera segura. Además, las centrales renovables están exentas de ciertas responsabilidades, lo que obliga a otras tecnologías a compensar esta falta de reserva, aumentando su carga.
Recientemente, se ha presentado un proyecto de ley que permitiría a las distribuidoras contratar energía por bloques horarios, lo que beneficiaría especialmente a proyectos solares. Sin embargo, esta medida no toma en cuenta el costo total del servicio eléctrico, ya que solo se adquirirá energía para las horas de sol, dejando desatendidas las necesidades de energía durante el resto del día.
Aunque el proyecto se justifica por su potencial para aumentar la competitividad y reducir precios, es importante evaluar en qué se basa esta comparación. Los precios actuales del mercado regulado son inferiores a los de contratos anteriores, lo que sugiere que la reducción de precios se producirá de manera natural a medida que el mercado se ajuste, sin necesidad de intervención estatal.
Además, es crucial recordar que las energías renovables, aunque competitivas, no ofrecen las mismas prestaciones que las fuentes convencionales, siendo intermitentes en comparación con la estabilidad de estas últimas. Evaluar el impacto completo implica considerar los costos adicionales en infraestructura y otros requisitos necesarios para mantener un servicio eléctrico confiable.
Por último, es cuestionable por qué estos mecanismos de contratación deben ser obligatorios por ley, cuando su implementación podría realizarse de manera voluntaria en el mercado libre, que ya representa el 60% de la demanda nacional. Es fundamental que los cambios regulatorios estén respaldados por un análisis claro de la necesidad de intervención, evitando la noción de que la normativa es siempre la solución adecuada. Asimismo, es esencial adoptar una visión más integral de la transición energética, que considere las condiciones particulares del país y utilice recursos como el gas natural, evitando ideologías que limiten el desarrollo de políticas energéticas efectivas.
