De las regiones en el Perú, 14 mostraron mejoras en su gestión pública al cierre del 2023 respecto al año previo, reporta el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2024, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido en exclusiva con Gestión.

Uno de los resultados que destaca es que 9 de las 10 regiones con el puntaje más alto se ubican en la costa del país (Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica, Lambayeque, Tumbes, Lima provincias, La Libertad). Lima, que considera a Lima Metropolitana y Callao, es la que lidera este indicador con un resultado de 0.95 (en una escala de 0 a 1) y una mejora de 3.6% respecto a su resultado en 2022.

“Los pilares que explican la ubicación de Lima es Salud y Educación. En el primero, sube la cobertura de vacunas y de personal médico respecto al año pasado. En educación, resalta un mayor número de colegios públicos en buen estado”, explica Álvaro Cubas, economista del CPC.

Por su parte, las regiones con los resultado más bajos son Loreto, Ucayali y Puno con 0.40; 0.39 y 0.35, respectivamente. Además, Puno tuvo una caída en su desempeño de 3.8% respecto al 2022, debido a un deterioro en tres de los cuatro pilares evaluados en el IRGP: Conectividad y Acceso a Servicios (-6.6%), Educación (-7.8%) e Instituciones (-10.3%).

Como se sabe, el IRGP anual mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de Conectividad y Acceso a Servicios, Salud, Educación e Instituciones para las regiones. Estas se clasifican en tres grupos mediante el uso de la metodología de clusters o conglomerados que captura el nivel de similitud de las regiones, minimizando la distancia de sus características al interior de cada grupo y maximizándolas entre grupos.

A partir de ello, cada uno de los grupos incluye a regiones con valores similares del puntaje del IRGP 2019-2022 promedio, mientras que, los valores de los puntajes entre los grupos difieren significativamente.

Detalles

El análisis del desempeño por pilares en 2023 evidencia mejoras en varias regiones respecto a 2022, puntualmente en los de Salud y de Conectividad y Acceso a Servicios. En el primer pilar, todas las regiones mostraron mejoras en gestión, con un crecimiento promedio de 17.9%. Este positivo resultado responde, en mayor medida, al aumento promedio en la cobertura de vacunas (7.0%), respecto a los resultados del 2022.

Las excepciones a este incremento fueron Amazonas (-5.3%), Cajamarca (-7.3), Junín (-1.3%) y La Libertad (-6.6%).

“En Amazonas, por ejemplo, se tiene que el porcentaje de anemia se disparó. Estaba en 42.5% y subió a 44%. También afectó que la disponibilidad de personal médico por cada 10 mil habitantes cayó en más de 2.3%. En La Libertad también se tuvo un incremento de la anemia y un descenso de la cobertura de vacunas”, menciona Cubas.

Sobre el pilar de Conectividad y Acceso a Servicios, 11 regiones mejoraron en comparación con 2022 (1.0% en promedio). Esto, como consecuencia del incremento promedio en la infraestructura vial departamental y vecinal pavimentada respecto a los puntajes del 2022 (179.4%).

En contraste, en los pilares de Educación e Instituciones, en 2023, 17 regiones tuvieron un menor desempeño respecto a 2022 (-2.5% y -1.0%, respectivamente). En Educación, se vincula con la caída del indicador de locales públicos con todas sus aulas en buen estado en 16 regiones (-3.4% respecto al 2022).

Algunas de las regiones donde se observa estos retrocesos fueron Lima Provincias, La Libertad y Madre de Dios. Cubas señala que esto se debe a un menor número de colegios con acceso a Internet. En el caso de La Libertad y Madre de Dios, responde además a que son menos las aulas en buen estado.

Por su parte, en Instituciones, el deterioro se debe al incremento de los atrasos en las inversiones regionales (46.3%) y locales (120.6%) y al incremento de la criminalidad (33.8%). Los casos más críticos están en Arequipa y Puno.

“En Arequipa lo que sucede es que subió en 250% el atraso para adjudicar obras. Un ejemplo, se estimaba que una convocatoria dure 10 días, pero termina tardando 30 días. En Puno creció en 273%”, subraya el economista.

Sobre la criminalidad, Cubas agrega que aumentó la población de 15 años a más que fue víctima de un hecho delictivo en Arequipa (60%) y Puno (27%).

Conflictos sociales

El reporte también efectúa una relación de los resultados del IRGP 2024 con el número de conflictos sociales registrados a diciembre de 2023, encontrándose una relación negativa (-0.40), lo que indicaría la existencia de condiciones previas al estallido de la conflictividad.

“La literatura nos dice que una de las causas que explica las protestas es la insatisfacción en el territorio por la falta de provisión de servicios básicos. En el IRGP se mide la conectividad del agua, cuántas horas al día hay, acceso a personal de salud, a calidad educativa, cuánto se demoran las obras en ejecutarse, entre otros”, explica Cubas,

Así, un menor acceso a servicios, que se refleja en una mayor pobreza o menor desarrollo, incrementa la probabilidad de ocurrencia de conflictos sociales en el país. Es decir, que las regiones con una deficiente gestión pública en aspectos relacionados a los servicios de Conectividad y Acceso a Servicios, Salud, Educación e Instituciones se asocian con un mayor nivel de conflictividad social.

Por ejemplo, entre Loreto y Puno, dos de las tres regiones con el menor puntaje IRGP 2024 (0.40 y 0.35, respectivamente), concentran más de la quinta parte (21%) de los conflictos sociales a diciembre de 2023, con un registro de 29 y 14, respectivamente.

En contraste, Tacna, la segunda región con el puntaje más alto en el IRGP 2024 (0.86), solo registra 1 conflicto social. Adicionalmente, según datos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) a febrero de 2024, existen 947 compromisos abiertos derivados de espacio de diálogo, de los cuales las unidades territoriales (UT) a las que pertenece Loreto y Puno (UT Amazonía y UT Suroeste) concentran más de la tercera parte (36%) de los compromisos derivados de espacios de diálogo.

Acciones

Los resultados del IRGP 2024 muestran la urgencia de atender el cierre de brechas de los servicios públicos, debido a que sus niveles altos incrementan la probabilidad de ocurrencia de conflictos sociales en el país.

Es urgente que el Estado cumpla un rol efectivo en el cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos incluidos en las actas de la solución de conflictos. Frente a esta situación, desde el Consejo Privado de Competitividad se propone crear una unidad de seguimiento independiente de los compromisos generados por conflictos sociales.

El objetivo de la propuesta busca el cumplimiento de los compromisos formulados en espacios de diálogo que se derivan de los conflictos sociales. La actuación efectiva y anticipada a los conflictos facilitará la ejecución de proyectos mineros, dando un mayor impulso a las inversiones. Esto coadyuvará a alcanzar un mayor crecimiento económico, la atención al cierre de brechas y un mayor bienestar.