El inicio de las obras para la llamada estación central, de parte del concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima, ha sido la gota que derramó el vaso para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).Como comunicó el municipio el último lunes por la noche, han decidido emprender una denuncia por este asunto. Y, no darán su brazo a torcer.
El 1° Juzgado Constitucional de Lima por Resolución N.° 1, del 9 de julio de 2024, ha admitido a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por la MML en contra del MTC, Ositrán, ATU y de las empresas Metro de Lima Línea 2 y Consorcio EPC, “por la inconstitucional restricción a la libertad de tránsito que impusieron este 7 de julio en la intersección de las vías óvalo Grau con AV. 9 de diciembre (ex Paseo Colón), al colocar vehículos y maquinaria pesada que impiden el libre tránsito”.
De esta manera, argumentó la MML, “se da inicio con la demanda penal por cerrar las vías metropolitanas, sin contar con autorización municipal, según Ordenanza 1680, este proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales es promovido por Diego Carlo Tapia Mazzotti, en su calidad de procurador público municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima”.
Días extra pudieron evitarlo
Raúl Fernández, Jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la MML, señala que el pasado domingo 7 de julio, cuando se iniciaron las obras de la estación central, los funcionarios públicos que estuvieron presentes, como el viceministro de Transportes, Ismael Sutta, y la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, violaron el artículo 283 del Código Penal, junto a los representantes de la Línea 2.
Este extremo de la directriz legal se refiere al entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. “Es una figura agravada, ya que irrumpieron con maquinaría pesada. Continúa, porque han roto el asfalto. Aparte, hablamos del centro de Lima, es patrimonio histórico. Todas esas casonas están protegidas por la Unesco”, precisa el funcionario.
Fernández indica que, por ese motivo, la pena en caso de que se determine culpables, podría llegar a ser una década de cárcel, ya que procedieron sin contar con autorización municipal, vulnerando sus competencias.
“La pena es de 8 a 10 años, por ser agravado. Eso para todas las personas que apoyaron la consumación de este hecho. Las autoridades están debidamente identificadas. Han apoyado a un privado que no ha cumplido todo lo que se le exige a una inversión en Perú”, asegura.
Por su lado, Elvira Moscoso, gerente de Movilidad Urbana de la MML, quien también estuvo presente el día del inicio de obras alrededor de la Av. Paseo Colón, en el centro de la ciudad, para dar inicio a las obras de construcción de la señalada estación, indica que lo único que solicitaba el municipio era un poco más de tiempo para revisar el plan de desvíos. No tuvieron ni un día hábil para ello.
“No les costaba nada esperar unos días más. No nos pueden dar la información requerida el viernes al mediodía y que nuestros ingenieros lo acrediten legalmente para el domingo. Ya quebraron el orden”, refiere.
“Eso le dijimos a la empresa infractora. Trabajemos tres o cuatro días, lo mejoramos juntos y se autoriza, pero ellos ya cometieron una infracción penal, ya infringieron la ley”, agrega Fernández.
Moscoso dice también que le sorprende que el MTC haya avalado el proceder del concesionario. “Es irresponsable técnicamente. Pensamos que no han revisado toda la documentación que entregó la Línea 2″, agrega.
Fernández también explica que la MML el acta que se suscribió el mismo domingo 7 de julio fue solo una posición de partes. El vocero del municipio indica que por ese motivo nadie de la comuna firmó el documento.
“La MML iba a continuar con su decisión (de denunciar penalmente). No teníamos de otra porque a nosotros también nos supervisa el ente de control. Ellos (el concesionario) asume toda responsabilidad de un accidente o incendio que podría ocurrir ahora”, afirma.
Afectación y argumentos descartados
La gerenta de Movilidad Urbana de la MML señala que las consecuencias del cierre de la zona vinculada a las obras de la estación central ya está generando estragos para un número importante de personas.
“En toda la zona que va desde Garcilaso de la Vega hasta el Óvalo Grau transitan 35 mil personas. Solo ciclistas son 6,500. La gente ya camina sin saber a dónde ir. Una correcta difusión no puede ser poner cárteles en puentes. Están vulnerando no solo a la MML, sino a las personas”, calcula Moscoso.
Para validar su accionar, el concesionario se amparó en la Ley de Endeudamiento Público. Esta norma los puede eximir de autorizaciones y permisos municipales cuando se trate de obras prioritarias contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC). Ese es el caso de la Línea 2.
Consultado por esto, Fernández descarta que ello evite que la concesionaria deba contar con una validación de la MML. “Hay precedentes del Tribunal Constitucional que dicen que, en materia de competencia, tanto una ley ordinaria como una ordenanza se mantienen vigentes, pero persiste la que tiene competencia originaria. En este caso es la Ley Orgánica de Municipalidades”, replica.
Para Moscoso, es igual de contradictorio el hecho de que, a pesar de que el concesionario se escude con la Ley de Endeudamiento, exija a la MML validar su plan de desvíos.
“Por un lado dicen que harán las obras sin permiso, pero por otro lado buscan nuestro aval. En obras como esa hay que ajustar los tiempos semafóricos, no sabemos ni qué señaléticas van a comprar. Ellos confunden diciendo que el plan es nuestro, pero faltan datos para implementarlo”, reclama.
