• La construcción experimentó un aumento de 7.0% en abril del presente año respecto al mismo periodo del 2023.
• Consumo de cemento y obra pública presentaron un incremento de 7.5% y 6.4%, respectivamente.
• Empresarios de construcción encuestados por CAPECO estiman que sus operaciones aumentarán 2.9% en el tercer bimestre del 2024.
• CAPECO propone desarrollo de una estrategia integral para cerrar brecha habitacional y de saneamiento.

De acuerdo con la presentación del último Informe Económico de Construcción (IEC 78) de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la actividad constructora experimentó un aumento de 7.0% en abril del presente año respecto al mismo periodo del 2023, habiéndose presentado un importante incremento tanto en el consumo de cemento (7.5%) como en el avance de obra pública (6.4%). Cabe mencionar que, estos dos componentes vienen de dos tendencias disímiles. Así, mientras el consumo de cemento ha alcanzado su tercer resultado positivo en los últimos veintidós meses, la ejecución de obras estatales obtuvo su quinto mes consecutivo al alza, aunque tal crecimiento es el menor de dicho periodo.

Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, explicó que la tendencia positiva de la construcción se mantendrá en mayo 2024, aunque con una menor intensidad. Se espera un incremento del producto bruto sectorial de 4.1%, como consecuencia de la disminución en el consumo de cemento (-1.9%), y a pesar del significativo repunte de la ejecución de obras del Estado (23.5%). Este comportamiento contrapuesto entre ambos indicadores refleja las dificultades que continúa afectando la construcción privada para alcanzar un mejor desempeño. Con estos resultados, la actividad constructora cerraría el periodo enero-mayo con un incremento de 5.3%, atribuible sobre todo al avance de obras públicas (19.6%).

En este sentido, las expectativas de los empresarios de la construcción entrevistados para el presente IEC, comenta el vocero, reflejan un optimismo, debido a que hay un incremento promedio de 1.4% en el nivel de operaciones de las empresas del sector construcción durante el segundo bimestre del presente año, un resultado algo mejor al que los mismos empresarios esperaban alcanzar en dicho periodo (0.8%), de acuerdo con el sondeo realizado hace dos meses. El tercer bimestre sería más auspicioso aún para las empresas del sector, pues proyectan un crecimiento de 2.9% en sus operaciones.

Asimismo, en lo que va del año, el resultado del sector vivienda, uno los principales componentes de la construcción privada, es que las operaciones de Mivivienda se mantienen en deterioro, puesto que el número de créditos hipotecarios otorgados entre mayo del 2023 y abril del 2024 se redujo en 4.8% en comparación con el periodo similar precedente, aunque el comportamiento es disímil en los dos segmentos de este mercado. Así, mientras que los préstamos concedidos por las instituciones financieras con sus propios aumentaron en 8.9%, los que se financian con recursos del Fondo Mivivienda se contrajeron en 27.2%.

Valdivia afirma que, si se mantiene la tendencia en el desembolso de créditos que ha venido experimentando el Fondo Mivivienda en los últimos seis meses, se cerraría el año 2024 habiendo financiado alrededor de 8,950 operaciones, lo que significa una contracción de 22.0% respecto al 2023.

El mercado de vivienda y el círculo perverso del agua

El 2024 aparece muy propicio para la recuperación del mercado habitacional. A la recuperación que ya se ha iniciado en el segmento de vivienda no social, como lo atestigua el incremento de los créditos hipotecarios dirigidos a este segmento, se suma la muy posible reactivación del segmento de vivienda social.

“Se trata, sin duda, de un primer paso para asegurar la sostenibilidad de los programas habitacionales del Estado, que deben procurar la construcción de alrededor de 195 mil viviendas anuales en los próximos veinte años para atender el déficit de arrastre y la demanda de vivienda de los nuevos hogares que se formen en nuestro país de aquí al 2043. Para evitar que, en el futuro, se vuelva a cortar el flujo de recursos para la vivienda. Por ello, para CAPECO es indispensable contar con una Ley de Financiamiento Habitacional”, sentencia el vocero.

Debe recordarse que alrededor de 3 millones de peruanos carecen del servicio de agua potable por red pública y algo más de 7 millones no disponen de redes de alcantarillado. La “tarifa” que pagan las familias que no se proveen de agua a través de redes domiciliarias – recurren al “aguador” como en el siglo XIX – puede llegar a ser hasta seis veces más alta que la que se les cobra a familias que sí cuentan con estas redes.

Sin embargo, la imposibilidad de alcanzar el acceso universal a los servicios de saneamiento no puede atribuirse a la falta de recursos, naturales ni económicos. Se trata más bien de la persistencia de un modelo regresivo e insostenible de inversión y gestión que reproduce un verdadero “círculo perverso” del agua.

Para terminar con este círculo vicioso se requiere desarrollar una estrategia integral con enfoque territorial. En primer lugar, es indispensable promover la fusión de EPS (actualmente son 50, de las cuales 5 están en Puno y otras tantas en Cusco) para ganar economías de escala y aprovechar mejor las fuentes de agua. Además, se debe modificar la conformación y competencias de los actuales Consejos Directivos de las empresas, que propician un manejo politizado y fragmentado. El modelo de las Cajas Municipales podría servir de referencia para garantizar una gestión eficiente de estas instituciones.

Ley de contrataciones públicas: importante avance, pero mucho por hacer

Las estimaciones oficiales y privadas coinciden en otorgar a la inversión pública un rol predominante en la recuperación de la economía y, en particular, del sector construcción en este y el próximo año. Los niveles de ejecución alcanzados en los cinco primeros meses del año parecen confirmar la validez de esta perspectiva. Sin embargo, la paralización que afecta a más de 2,300 obras estatales, en las que se ha comprometido más de 33 mil millones de soles, de los cuales se han ejecutado poco más de la mitad, obligan a relativizar el impacto de estas inversiones. En las últimas semanas, se han producido algunos hechos que pueden ayudar a mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de la obra pública y otros que parecen ir en el sentido contrario.

Es así que, es positiva la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, porque corrige varias de los errores y omisiones de la ley hasta ahora vigente, que ha propiciado la mala selección de contratistas y soluciones técnicas, así como la corrupción. Sin embargo, la norma no es perfecta. Desde la CAPECO han expresado públicamente su oposición a la generalización de los Convenios Gobierno a Gobierno para la ejecución de obras de alta complejidad, señalando que entre los profesionales peruanos hay suficiente capacidad para hacerse cargo de la gran mayoría de dichos proyectos, por lo que solicita que sea el Colegio de Ingenieros y no un ministerio, la entidad idónea para emitir el informe vinculante que determine la existencia (o la carencia) de suficiente capacidad profesional en nuestro país para ejecutar tales obras. Por otro lado, los atrasos que se han presentado en la construcción del Aeropuerto de Chinchero a través de un acuerdo GtoG con el gobierno de Corea del Sur, muestran que esta modalidad no está libre de sufrir los mismos problemas que se presentan en otras modalidades de contratación.

Finalmente, y en el marco de la inseguridad ciudadana por la que atraviesa el país, el ingeniero sostiene que hay una necesidad de garantizar la seguridad jurídica y física en las obras de la construcción, que desde hace muchos años vienen siendo afectadas por la acción delincuencial de poderosas organizaciones criminales. Por ello, en el año 2017, conjuntamente con los colegios de arquitectos y de ingenieros y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP, presentó al gobierno nacional una Estrategia Integral para el combate del crimen organizado en las obras de construcción civil, mediante un esquema de colaboración público-privada que buscaba alcanzar diversos objetivos.

Desde esa oportunidad, las instituciones que promueven esta estrategia integral han solicitado, sin éxito, su incorporación en la Comisión Multisectorial de Carácter Permanente creada por el Decreto Supremo N° 087-2015-PCM, como instancia de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la violencia en obras. “La idea es trabajar conjuntamente en el diseño, la ejecución y el monitoreo de acciones integradas en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema, así como fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo para lograr su efectiva solución”, puntualizó Valdivia.