El Tribunal Constitucional (TC) declaró por unanimidad la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, a cargo de Rutas de Lima. El argumento detrás de esta decisión es la vulneración del derecho al libre tránsito. Si bien el organismo jurisdiccional propone soluciones para levantar la decisión, deja en suspenso qué pasará con los gastos que genera el mantenimiento de la vía hasta entonces.

Frente al fallo, Rutas de Lima y Brookfield, su principal accionista, ya anticiparon que tomarán medidas legales. Los procesos arbitrales que se abran no serían una novedad en este caso, tomando en cuenta que Rutas de Lima ya inició uno contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ante el Tribunal Ad Hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) el año pasado.

A consideración de expertos consultados por Gestión, que la concesionaria inicie un nuevo camino arbitral es clave para saber qué pasará con la vía en el corto plazo. Las intenciones del concesionario a ese nivel determinarían quién se haría cargo de los costos operativos por mantenerla en condiciones para el tránsito hasta alcanzar una resolución final.

Incertidumbre

El TC precisó en su fallo que el cobro del peaje se mantendrá suspendido hasta que se adopten medidas para cesar la vulneración a la libertad de tránsito o hasta que la justicia determine si el contrato de concesión tuvo un origen ilícito.

Frente a ello, Rutas de Lima recordó en un comunicado tras el fallo que la MML ya había identificado una vía alterna anteriormente, pero que a la fecha no la han ejecutado. A pesar de proponer soluciones, el TC no es claro en su resolución respecto a quién se haría cargo de los costos operativos de la vía cuestionada hasta alcanzar una de las salidas.

Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors experto en infraestructura, recuerda que esta controversia se trata de un caso único, ya que el fallo del TC está motivado por pedido de un tercero, es decir, un actor fuera del contrato de concesión.

Sin embargo, indica que aunque Rutas de Lima aluda que sin retribución no puede solventar el mantenimiento, no podría dejar de hacerlo, ya que la otra parte del contrato, la MML, no fue la causante de la suspensión del peaje.

“La concesión no es por partes. No pueden decir yo solamente opero este tramo y no el otro. Probablemente soliciten una compensación futura en el arbitraje y muy probablemente la obtendrá, porque la vía alterna no es su responsabilidad, sino de la MML”, explica a Gestión.

Para el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, Emape no podría hacerlo porque el fallo del TC reconoce un incumplimiento contractual de parte de la MML en torno a facilitar una vía alterna.

“A menos que haya una cláusula explícita que diga lo contrario tendría que ser la MML quien use sus recursos para hacerse cargo, aunque no tengan holgura financiera. Hablamos de una ruta clave en la Panamericana Norte”, señala el también director ejecutivo de Videnza Instituto.

A pesar de la poca claridad del TC, fuentes cercanas al caso aseguraron a Gestión que Rutas de Lima seguirá operando la concesión en la Panamericana Norte, cumpliendo con su compromiso contractual.

Rompe equilibrio económico

Luego de que se conociera la sentencia del TC, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que -para él- el caso de Rutas de Lima no tendría por qué ser negativo para las inversiones privadas extranjeras en Perú.

“Se trata de un caso puntual, de un derecho fundamental afectado, según la interpretación que ha dado nuestro máximo tribunal que es el de libre tránsito, pero no creo que en otros espacios tenga que replicarse”, sentenció.

Sin embargo, para el abogado Cárdenas el premier desconoce que la decisión del TC rompe el concepto detrás de cualquier peaje o tarifa. “Rompe la lógica económica detrás. Es un precedente malísimo porque puede generar riesgos para cualquier inversionista que tenga acuerdos con el Estado. Cualquier tercero puede buscar suspender cláusulas de su acuerdo”, considera.

En ese mismo sentido, Castilla cree que el TC ha sentado un precedente nefasto para cualquier asociación público privada, los esquemas de concesión, pero sobre todo la seguridad jurídica.

“Rompe el equilibro financiero, al menos momentáneamente. Va a ser más difícil que ProInversión licite carreteras futuras porque bajo esa lógica cualquier ciudadano podría negarse a pagar un peaje. Este tipo de noticias se difunden a nivel internacional”, advierte.

Cárdenas agrega que el TC no ha tomado en cuenta todas las implicancias que su fallo puede generar para el sistema económico en general, sobre todo respecto al bienestar empresarial.

“Podría iniciarse más de un proceso, aparte del que tiene Rutas de Lima en el contrato de concesión. Accionistas como Brookfield, a partir de los contratos de inversión bilateral entre Estados, podrían accionar arbitrajes también a través de esos convenios“, precisa el socio de Damma Legal Advisors.