La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) asegura que el 2024 inició con buenas expectativas para su sector, pero sostener el buen desempeño -dice- no será posible si el Gobierno peruano persiste en prometer ajustes que tardan en hacerse realidad, especialmente desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Así lo señala Jorge Zapata, presidente de Capeco, a Gestión. El vocero gremial cuestiona también que el Poder Ejecutivo no garantice hasta ahora el presupuesto anual para los subsidios de vivienda. En su opinión, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estaría destinada a fracasar.
El 2023 fue desastroso para la construcción. ¿Cómo inició el 2024?
Mucho mejor. El Niño ha sido moderado y tampoco arrancamos con protestas sociales.La industria inmobiliaria, con la venta de viviendas, tuvo buen desempeño en enero respecto a los últimos meses del 2023.
Capeco proyecta que la construcción crezca al menos 3% este 2024, ¿podrían corregir esa proyección al alza según cómo avance el primer trimestre?
Es muy pronto para corregirla, pero hay una probabilidad de que pase si las cosas siguen como se ven hasta ahora. De momento se percibe mayor dinamismo.
Parte de ello dependerá de las oportunidades de desarrollo de infraestructura que se presenten en otros sectores, ¿dónde ven espacio para ello?
Pesca, que debería rebotar porque los factores climáticos han cambiado. Agricultura es otro sector porque da mucho empleo. Otro que tiene tremendo potencial es el turismo. Son motores por encender, pero el que más conocemos es la vivienda.No se le “está poniendo gasolina” y no entendemos por qué.
¿Qué se necesita garantizar para que se sostenga un crecimiento de construcción este año?
Primero, hay que mejorara Techo Propio, sobre todo en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). Su colocación de bonos cayó 47% durante 2023. Hoy es poco atractivo para los desarrolladores inmobiliarios ingresar al programa. Una de las formas de ingreso es con el respaldo de una entidad financiera, pero el Fondo MiVivienda (FMV) te pide una carta fianza por el 110% del valor de la vivienda. Eso es escandalosamente costoso.
Por el lado del Crédito Mi Vivienda, hay que actualizar de una vez los valores del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de vivienda. Hace dos años que no se hace y no entendemos porqué. Los costos de los materiales suben, pero eso no se corrige.
Además, hasta ahora seguimos sin certeza sobre si habrá presupuesto para los bonos todo el 2024. Parece que ahora tenemos S/ 91 millones que durarán hasta junio, pero sigue la incertidumbre. Los desarrolladores no invierten sin garantías de que habrán bonos todo el año. Necesitamos una ley de financiamiento habitacional que fije cuáles serán los recursos multianuales para los bonos, garantizando predictibilidad, así no tenemos que esperar hasta noviembre que se discute la Ley de Presupuesto.
El Gabinete se renovó, con salidas importantes como en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según el MVCS, los recursos para el BBP de este 2024 dependen de que el MEF publique un decreto este mes, ¿confían en que se cumpla el plazo?
Sentimos que prometen cosas y no se cumplen, al menos en el tiempo que se ofrecen las medidas. Hay preocupación entre los gremios empresariales porque hay cosas que ni siquiera deberían sugerirse para que se hagan. El programa MiVivienda tiene 20 años y todos los gobiernos han actualizado los rangos y bonos del BBP año a año. Sin excepción. Esta es la primera vez que se demora tanto.
Usted se ha reunido con el MVCS varias veces, ¿qué les responden sobre este tema?
Que ya conversaron con el MEF y que en una determinada fecha se hará.
El MVCS no fue considerado en la renovación del Gabinete, ¿cuál es el balance que hacen desde Capeco de la gestión de Hania Pérez de Cuellar?
Ella, junto a Raúl Pérez-Reyes en Transportes y Comunicaciones, tiene la palanca para reactivar la economía, pero no entendemos porque demora en tomar decisiones. La industria inmobiliaria está preparada para, si le dan facilidades y se incrementan los presupuestos, duplicar la generación de vivienda. Hay una industria importante con varios actores, incluyendo a la banca. El déficit de vivienda es inmenso, por lo tanto, el consumo está garantizado.
Desde el MVCS, al menos sobre los subsidios, señalan al MEF por las demoras en los desembolsos. ¿Con un nuevo ministro confían en que mejore el panorama?
Vamos a ver. A nosotros nos dicen lo mismo, pero vamos al MEF y nos dicen lo contrario.
Para agilizar los trámites el Gobierno ha creado una comisión para eliminar barreras burocráticas. ¿Qué expectativa genera en su sector?
Creemos que servirá para tener un diálogo más directo con Indecopi. Los gremios tenemos la obligación de defender intereses difusos, no particulares de una empresa, sino del conjunto de empresas que conforman la industria a la que le representamos. En ese marco es que nosotros llevamos propuestas para mejorar las cosas.
¿En el sector construcción cuáles son las trabas burocráticas más urgentes por resolver?
Lo que hacen hoy las municipalidades distritales claramente son barreras burocráticas. Hay empresas que ya obtuvieron medidas cautelares en Indecopi y aún así, concretamente la Municipalidad de Miraflores, se niega a permitir que las obras continúen. Es una terquedad.
El municipio ha salido a decir que todo ello es mentira, ¿no falta mayor intervención del MVCS en esto?
Sin duda deben tener un rol más activo. Vamos a seguir exigiéndole ello. Las empresas afectadas, ante el evidente desacato, harán las denuncias que correspondan.
En el Congreso aún se esperan novedades sobre una nueva Ley de Contrataciones del Estado, ¿confían en que su aprobación mejoraría la inversión pública?
Estaremos muy vigilantes de que no se cambie (la propuesta) porque ya sabemos cómo es el Congreso. Necesitamos una ley que agilice procesos y blinde la obra pública de la corrupción. Tenemos demasiadas obras paralizadas. Es un escándalo para un país como el nuestro.
¿Qué no podría faltar en esa nueva ley?
Evitar la corrupción es sencillo: los miembros de los comités de selección no deben “escogerse a dedo”. Deben estar conformados por especialistas fuera de la entidad, incluso privados, como el Colegio de Ingenieros. Otro punto relevante es que los expedientes técnicos deben tener un presupuesto mínimo establecido por ley. Sabemos que cuestan alrededor del 3% del valor total de las obras. Un mal expediente técnico es una paralización garantizada.
Para ello el Gobierno creó la ANIN.
Estoy de acuerdo con que exista la ANIN, pero con otra concepción. Es una Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) con otro nombre. Debe ser una entidad totalmente blindada de la política, como el Banco Central de Reserva (BCR).
¿Es un error que esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)?
Exacto. La lanzaron a la cancha y ya empezaron los problemas. Se han tardado tres meses en pagar las valorizaciones a los contratistas de la ARCC. Le han cambiado de nombre para hacer lo mismo. Fracasará y crearán otra entidad.
