La Cámara Peruana de la Construcción, se dirige a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y órganos de control para manifestar lo siguiente:
- Se ha superado las 2000 obras de infraestructura pública paralizadas por un monto aproximado de S/ 28,000 millones, perjudicando a la población más pobre de nuestro país. Esto es consecuencia de la falta de calidad de los expedientes técnicos, lo cual ha venido generando controversias, arbitrajes, incumplimiento de algunos contratistas y adjudicación de obras con propuestas y ofertas temerarias que hacen predecible el fracaso.
- La adjudicación de obras públicas que se han venido desarrollando en estos últimos años, en el marco de la actual Ley de Contrataciones de Obras Públicas, y bajo otras modalidades como las de Organismos Internacionales, han alentado el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la falta de pago a los proveedores. Se trata de normas obsoletas, donde la experiencia, el cumplimiento de los contratos, la culminación y entrega de obras no tienen el peso suficiente para justificar la selección de un postor.
- Este deficiente marco legal de contratación pública es modificado permanentemente, bajo la justificación de tratamientos extraordinarios y temporales. Así, diversos requisitos y procedimientos se cambian relegando cualquier principio de predictibilidad en los procesos de contratación.
- Las pocas obras en marcha sufren dificultades, ante observaciones sin sustento técnico por parte de funcionarios de las entidades contratantes, desconociendo los informes de supervisión y las resoluciones de las juntas de resolución de disputas, además, de la excesiva demora en los pagos de valorizaciones y liquidaciones de obras exigiendo procedimientos que no están previstos en la Ley.
- Como ejemplo de esta discrecionalidad de los funcionarios públicos, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), mantiene deudas pendientes con empresas constructoras por sumas aproximadas de 780 millones durante todo el ejercicio 2023, sin sustento alguno. Esta situación, de elevados montos pendientes de pago a las empresas contratistas se repite en las diversas entidades del Estado.
Por lo expuesto, CAPECO, ante esta aguda problemática de la obra pública y a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, y que la población beneficiaria y proveedores nacionales no se vean afectados, hace un llamado a todas las instituciones involucradas a que se continue con la discusión y aprobación de una nueva Ley de Contrataciones, se eliminen las barreras burocráticas ilegales e irracionales generadas en las instituciones públicas, y que las entidades cumplan con el pago de sus obligaciones con las empresas contratistas, todo ello con el fin de cautelar el interés público y evitar más obras paralizadas en nuestro país. Mientras tanto, urge la toma de medidas correctivas permanentes al reglamento de Ley de Contrataciones y/o a través de directivas del OSCE, que allane la transición hacia una Nueva Ley más idónea para la realidad nacional.
